Consultado por el Informe Otálvora el 11OCT24 sobre versiones de prensa que aseguraban sobre una visita a EEUU, EGU categóricamente afirmó que “no hay viaje a EEUU por los momentos”.
La cercanía de las elecciones en EEUU y el tenso clima de la campaña pareciera desaconsejar un viaje en estos momentos a Washington.
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La discusión sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 11OCT24 fue una clara puesta en escena del posicionamiento de los distintos grupos de países ante el régimen chavista.
El Consejo está integrado por los representantes de 47 gobiernos escogidos por la Asamblea General de la ONU. La sesión del 11OCT24 era la última del periodo de sesiones número 57 que había arrancado el 09SEP24. La agenda del día contemplaba la consideración por el Consejo de una serie de proyectos de resoluciones una de ellas referida a Venezuela, país sobre el cual el Consejo conoció y debatió varios informes que nuevamente retrataban el estado de sistemática violación de DDHH por parte del régimen venezolano. El proyecto de resolución denominado L8, en su parte resolutiva, incluía la extensión por dos años de las actividades de la denominada ”Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, conocida por sus siglas en inglés como FFM. Se trata de un mecanismo creado el 27SEP19 por el Consejo y tiene como misión documentar los abusos sistemáticos a los DDHH en Venezuela desde 2014. Conformada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y Paul Seils del Reino Unido, la Misión que tiene un mandato de la ONU, nunca ha podido ingresar a territorio venezolano por el impedimento del régimen. Sus tareas de documentación han sido realizadas mediante la creación de una red de informantes y contactos con las víctimas.
Desde su primer informe la Misión se ha convertido en una fuente de información internacional para el seguimiento de la situación venezolana, la identificación de las violaciones de DDHH y la elaboración de expedientes sobre los responsables de los delitos. El mandato de la Misión fue renovado en 2020 y 2022 por lapsos de dos años por lo cual el futuro del mecanismo dependía de una nueva renovación que debía ser considerada en la sesión del 11OCT24. Los gobiernos socios del régimen chavista intentarían impedir la renovación del mandato. Los amigos de la causa democrática venezolana se disponían a garantizar la continuidad del esquema de seguimiento a la situación venezolana que además de la misión independiente incluye la presencia en Caracas de una oficina permanente de funcionarios de DDHH la ONU quienes fueron expulsados de Venezuela el 15FEB24.
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En el ambiente diplomático de la sede de la ONU en Ginebra que cobija al Consejo de Derechos Humanos se produjo una serie de movimientos de los distintos gobiernos alrededor del tema de la aprobación de la resolución sobre Venezuela.
El proyecto de resolución para extender el mandato de la misión independiente fue trabajado por un comité formado por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay, con el cercano apoyo de EEUU, dejando ver la recomposición de un frente continental a favor de la causa venezolana tras la desaparición del Grupo de Lima. Ese grupo base realizó el usual proceso en organismos internacionales de circulación de textos, intercambio de propuestas, deliberación con delegaciones que procuran cambios en el contenido y finalmente la redacción de un texto consensuado que agrega y cohesiona la mayor cantidad de propuestas. La presentación del proyecto de resolución fue hecho a dos voces por la representante del gobierno de izquierda de Chile, embajadora Claudia Fuentes Julio y, por su colega argentino Federico Villegas representante del gobierno de derecha de Javier Milei
La aprobación de la resolución fue objeto de una típica estrategia obstruccionista por parte de gobiernos aliados del régimen de Nicolás Maduro. Si bien ya existía un texto consensuado, varios gobiernos guiados por las manos de Rusia, China y Cuba, procuraron impedir la aprobación de la resolución mediante la presentación al Consejo de textos de enmienda. Eritrea, un país cuyo gobierno juega a favor de Rusia en el contexto de la ONU, presentó una enmienda a la resolución exigiendo que fueran incluidas referencias a ataques racistas a los migrantes venezolanos. El representante de Cuba, Juan Antonio Quintanilla, actuó en el debate como vocero del régimen venezolano anunciando que Maduro no acataría una resolución que extendiera el mandato de la Misión. Quintanilla presentó una propuesta de enmienda en la cual exigía se incluyera una condena a las “medidas coercitivas unilaterales” que según el cubano impactan en Venezuela. La representación de Bielorrusia país que no forma actualmente parte del Consejo pero tiene derecho a participar y proponer, presentó un proyecto de enmienda para incluir un texto que asegurara que la migración venezolana es consecuencia de las sanciones internacionales al régimen. Bielorrusia pedía que se eliminara de la resolución la solicitud para que los organismos sobre migraciones y refugiados continúen actuando en el caso venezolano. ´La representante de Rusia que tampoco es parte del actual Consejo, presentó una enmienda al proyecto de resolución para reducir el financiamiento, disminuir el número de futuras reuniones del Consejo sobre el tema venezolano y reducir el número de informes que deberá presentar la Misión al Consejo. Finalmente, en un acto de clara acción bucanera del representante cubano, Quintanilla intervino para presentar una propuesta oral de enmienda pidiendo que fuera eliminado totalmente el punto resolutivo 16 del proyecto de resolución, el cual justamente es el que aprueba prorrogar por dos años el mandato de la “misión internacional independiente de determinación de los hechos” sobre Venezuela.
Durante el debate la dictadura venezolana recibió mensajes de apoyo de Rusia, China, Bielorrusia, Honduras, Eritrea y Cuba. La representante china incluso solicitó que el Consejo reconociera las acciones del gobierno Maduro en beneficio de los venezolanos y de sus DDHH.
A solicitud de Argentina, todos los proyectos de enmienda que buscaban obstruir la resolución fueron sometidos a votación. Las dos enmiendas presentadas por Cuba, así como las propuestas de Eritrea, Bielorrusia y Rusia fueron derrotadas en el Consejo. La votación de la propuesta cubana para eliminar la misión independiente para Venezuela sólo recibió los votos favorables de Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam.
Por cierto, la embajadora Claudia Fuentes Julio, en representación de Chile, hizo una fuerte intervención en respuesta a la posición cubana. Afirmó que su gobierno está en contra de la aplicación de “medidas coercitivas unilaterales” pero que las sanciones establecidas contra el régimen venezolano no podían justificar la violación de los derechos humanos. “Ninguna sanción podrá justificar el ambiente de miedo, represión y persecución en el que vive hoy el pueblo venezolano. Ninguna sanción es un fundamento habilitante para detener injustificadamente a opositores. Las sanciones nada tienen que ver con las muertes en el contexto de las protestas”, afirmó la diplomática chilena.
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Finalmente fue votado el proyecto de resolución que extiende el mandato de la misión de seguimiento de los DDHH en Venezuela. La resolución reunió 23 votos favorables, con 18 abstenciones y seis votos en contra. Los gobiernos que votaron favorablemente la resolución fueron Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Chile, Costa Rica, EEUU, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malasia, Maldivas, Marruecos, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, República Dominicana, Rumanía y Somalia.
En su parte argumental entre otros argumentos, la resolución aprobada por el Consejo afirma actúa “alarmado por las continuas informaciones que dan cuenta de un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y de un aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático”. Además “expresando profunda preocupación por las recientes informaciones sobre la reclusión de niños y adolescentes acusados de delitos graves como si fueran adultos y afirma “su profunda convicción de que solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual” de Venezuela y “de que esa solución incumbe al pueblo venezolano”. La resolución además se pronunció sobre las votaciones del 28JUL24 “tomando nota” de las irregularidades detectadas por el grupo de expertos de la ONU que las observaron.
La delegación de Brasil tomó la palabra para anunciar que apoyaba la extensión del mandato de la Misión pero que se oponía al lenguaje usado en la resolución por lo cual se abstendría en la votación de la resolución, con lo cual el gobierno de Lula da Silva mantenía su posición de cuerda floja ante la situación venezolana.
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La sesión del Consejo de Derechos Humanos del 11OCT24 a propósito de la violación de DDHH en Venezuela dejó ver que dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia, siguen moviendo sus fichas diplomáticas para favorecer al régimen chavista. La diplomacia de Cuba y del régimen venezolano se mantiene actuando en absoluta coordinación de dirección y propósitos.
En la acera de enfrente, se estaría produciendo un nuevo esfuerzo por cohesionar el apoyo internacional a favor de la causa democrática venezolana, al menos en el terreno de los limitados mecanismos que permiten los organismos de la ONU.
Por cierto. En la reunión ordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión Europea prevista para celebrase en Luxemburgo el 14OCT24 está incluido el tema “Venezuela” en la sección “temas de actualidad” donde igualmente aparece la consideración de las elecciones en Georgia y Moldavia así como sobre planes de la UE en el Cuerno de África. Los ministros recibirán información actualizada sobre Venezuela de parte de Josep Borrell. En principio no se espera alguna resolución operativa sobre Venezuela por parte del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.
El tema venezolano luego de ocupar amplio espacio en la agenda europea durante los años 2019 y 2020 había ido desapareciendo rápidamente. El fraude electoral, la fortaleza electoral probada por la oposición, la conducta confrontacional asumida por el régimen contra actores internacionales relevantes y, la brutal represión desatada en Venezuela han propiciado que el “tema Venezuela” regrese a las agendas internacionales.
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Desde el año 2015 en medios de prensa corrió la información sobre la relación de Evo Morales con una menor de edad la cual lo acompañaba en viajes oficiales y fue embarazada por el entonces presidente de Bolivia. La niña de 15 años de edad formaba parte de la “Generación Evo”, un grupo juvenil organizado por el partido MAS a solicitud del propio Morales y que era denominado “Guardia Juvenil del Presidente Evo Morales Ayma”. Por presiones de Morales, la hija concebida por la menor, nacida el 08FEB16, sólo fue presentada en un registro civil el 31MAY16 cuando la madre ya contaba con mayoría de edad.
Morales se niega a asistir a las citaciones de la Fiscalía en el departamento de Tarija, exige que el caso sea tratado en tribunales de la provincia del Chapare en el departamento de Cochabamba controlado territorialmente por Morales y los sindicatos cocaleros que él preside. Morales asegura que el proceso por estupro ha sido retomado por razones políticas para impedir que presente su candidatura presidencial y amenaza con nuevamente cerrar las carreteras del país. La Fiscalía emitió el 10OCT24 un acto de conducción contra Morales para que atienda la citación.
Si bien existe una confrontación entre Morales y sus antiguos compañeros de partido ahora encabezados por el presidente Luis Arce Catacora, no es la primera ocasión en la cual la conducta de Morales queda asociada a manipulación de menores de edad. Durante su gobierno quedó al descubierto una truculenta trama entre Morales y una amante de nombre Gabriela Zapata con quien habría concebido un niño cuyo paradero e incluso su existencia nunca fue aclarada. Zapata quien fue contratada por una empresa china para actuar como facilitadora de negocios con el gobierno de su examante fue juzgada y condenada a diez años de cárcel el 23MAY17 por jueces a la orden del Morales.
La alianza izquierdista Grupo de Puebla emitió un comunicado el 03OCT24 intentado lavar la cara de Morales. Para los líderes izquierdistas, el proceso por violación es sólo una “politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales”. Califican el caso como una “operación de daño reputacional” y advierten al presidente Arce (quien también es miembro del Grupo de Puebla) que un juicio a Morales “allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales”. La izquierda continental procura que el caso del estupro a una menor sea nuevamente engavetado en pro de los intereses políticos de uno de sus socios.
