Informe Otálvora: Gobierno Trump reconoce a presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, como cabeza del gobierno de Venezuela

Diversos voceros del nuevo gobierno estadounidense han ratificado la posición establecida en 2019 por Trump y sostenida durante el gobierno de Joe Biden desconociendo a Nicolás Maduro como jefe del Estado venezolano. El asunto ha sido tratado con todo cuidado por los redactores de recientes documentos oficiales firmados por Trump en los cuales se menciona a Venezuela. Por ejemplo, en un memorando del 22FEB25 mediante el cual Trump designaba a varios gobiernos como “adversarios extranjeros”, los redactores usaron la fórmula de “el régimen del político venezolano Nicolás Maduro” para no denominarlo como representante de la República de Venezuela, como si lo hace al mencionar en el mismo párrafo a China, Cuba, Irán, Corea y Rusia.

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El Informe Otálvora realizó una consulta formal al Departamento de Estado el 06MAR25. Se preguntó: “A raíz de que EEUU no reconoció a Nicolás Maduro en 2019 como un gobierno legítimo, la posición de EEUU desde 2019 ha sido reconocer primero a Juan Guaidó como presidente encargado. También reconocen a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el único poder constitucionalmente electo en Venezuela. Tras el reemplazo de Guaidó, EEUU reconoció a la presidenta de esa Asamblea, Dinorah Figuera, como representante del Poder Ejecutivo venezolano. Pregunta. A los efectos de los EEUU, ¿quién dirige o representa actualmente al Estado venezolano? ¿Siguen reconociendo a la Asamblea Nacional electa en 2015?”.

La respuesta “adjudicable a un vocero del Departamento de Estado” recibida vía email el 07MAR25 es: “Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”.

Ya el 22ENE25 el Secretario de Estado Marco Rubio había calificado a Edmundo González Urrutia como “el legítimo presidente de Venezuela”.

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La declaración del Departamento de Estado confirma que a los efectos legales en EEUU la representación de la República de Venezuela está en manos de la diputada Dinorah Figuera presidenta desde 2023 del único poder público constitucionalmente electo que pervive en Venezuela. El andamiaje legal que mantiene fuera del control de Maduro las empresas petroleras del estado venezolano se sustenta en la existencia de un poder que representa a Venezuela aún cuando obviamente no tiene control territorial de Venezuela el cual está detentado por “el régimen del político venezolano Nicolás Maduro” como lo describió el memorando de Donald Trump del 22FEB25.

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El domingo 02MAR25 el Departamento del Tesoro de EEUU publicó en su página web un aviso sin precedentes en la sección dedicada a listar las sanciones aplicadas a gobiernos extranjeros. El aviso incluido en la subsección dedicada a Venezuela decía: “El Departamento del Tesoro se está preparando para tomar medidas para desmantelar la Licencia General 41 y otras licencias específicas según corresponda. Emitiremos orientación adicional para facilitar la implementación junto con cualquier cambio en las autorizaciones”. No se trataba de la publicación de una medida específica sino del anuncio de que estaban preparando esa medida.

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Sin pronunciarse hasta ese momento sobre medidas específicas ante el régimen chavista, más allá de un pacto para que Maduro recibiera venezolanos deportados, el 26FEB25 Trump escribió sobre Venezuela en cuenta en Truth Social: “estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, de fecha 26 de noviembre de 2022, y también que tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que se rescinda el ineficaz e incumplido "Acuerdo de Concesión" de Biden a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

El texto de Trump era confuso e impreciso en sus referencias ya que el 26NOV22 no se firmó algún “acuerdo de concesión” entre Biden y Maduro. Alguien en el equipo de Trump informó equivocadamente al Presidente. Ese día de 2022 la oposición venezolana, empujada por el gobierno Biden, firmó en Ciudad de México un acuerdo con el régimen chavista para crear un ilusorio fondo mil millonario para ejecutar obras en Venezuela “para la protección social del pueblo venezolano”. Ese acuerdo no contemplaba temas electorales, pero si fue usado por el gobierno Biden para alegar que se había retomado el diálogo entre la dictadura y la oposición y, en consecuencia, proceder a emitir ese mismo día la licencia 41 a favor de la petrolera Chevron que la autorizaba a producir petróleo en sociedad con la estatal Pdvsa condicionado a que el crudo fuera exportado solamente a EEUU. Pese a lo confuso del texto de Trump todo el mundo entendió que se refería a la llamada Licencia 41 que favorecía a Chevron. La petrolera estadounidense al igual que cuatro empresas de ingeniería petrolera habían logrado desde el primer gobierno Trump evadir las sanciones impuestas al régimen chavista, obteniendo licencia para mantener abiertas sus oficinas en Venezuela pero sin operar, hasta que Biden como parte de la política de “incentivos” accedió a que Chevron retomara la producción de crudo en empresas en las cuales es socia de Pdvsa. Ahora el 26FEB25 Trump declaró su decisión de poner fin a la actividad de Chevron en Venezuela cerrando una importante fuente de financiamiento del régimen. Presión de parlamentarios republicanos de Florida habría influido en la decisión de Trump en lo que se considera una victoria sobre el ala Maga del gobierno que mantiene la posición de no empujar un cambio de régimen en Venezuela.

Poco después de tuiteo de Trump, su secretario de Estado Marco Rubio escribió en X: “Hoy, conforme a la orden de @POTUS estoy proveyendo orientación en nuestra política exterior para terminar todo respaldo del Departamento de Estado a las licencias de petróleo y gas aprobadas bajo la administración Biden las cuales han servido para financiar de manera vergonzosa al régimen ilegítimo de Maduro”.

Pero la licencia 41 había establecido un curioso esquema de renovación automática por un lapso de seis meses que se activaba cada inicio de mes. Para dejar sin efecto la licencia resultaba necesaria una expresa proclamación del Departamento del Tesoro. Llegado el 01MAR25 el anuncio de Trump y la reacción de Rubio para cumplir la orden de su jefe no se habían materializado y, por lo tanto, la licencia quedó automáticamente renovada. Esa fue la razón por la cual el Departamento del Tesoro publicó el 02MAR25 su aclaratoria dominical.

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Finalmente, el 04MAR25 el Departamento del Tesoro publicó la nota oficial que recogía la decisión de Trump. Ese día fue emitida una licencia, denominada LG41A la cual dejó sin efecto la anterior licencia de Chevron y le concedió hasta el 03ABR25 para finalizar sus operaciones en Venezuela. Sin aclarar sobre la posibilidad de que la empresa mantenga oficinas en Venezuela, EEUU mandó a que la petrolera terminara en el lapso de un mes sus operaciones de explotación y exportación petrolera desde Venezuela.

La imposición de sanciones en 2019 contra la petrolera venezolana Pdvsa y contra otras entidades controladas por el régimen venezolano ha sido seguidas por medidas para obviar esas sanciones mediante la emisión de licencias. Existe una intrincada lista de licencias, algunas públicas otras de carácter reservado, algunas que favorecen a gobiernos como los de Trinidad & Tobago o Colombia, una licencia favorece la presencia en Venezuela de cuatro grandes empresas estadounidenses de ingeniería petrolera, otras licencias favorecen a empresas petroleras de España o Italia. Las licencias permiten que opere la empresa petroquímica Monómero Colombo-Venezolanos basada en Colombia y controlada por Nicolás Maduro y Gustavo Petro, una licencia faculta a la empresa Shell y al gobierno trinitario para explotar gas venezolano mar afuera en campos situados entre ambos países. Igualmente, mediante el esquema de licencias el gobierno de EEUU creó un mecanismo para posponer la toma de empresas venezolanas situadas en EEUU por parte de acreedores. La licencia de Chevron era sólo una del esquema con el cual EEUU ha estado manejando la situación venezolana. Dentro de ese esquema un elemento central es el de la representación jurídica de la República de Venezuela la cual, según lo afirmado al Informe Otálvora por el Departamento de Estado sigue, a los efectos de EEUU, en manos de la asamblea nacional electa en 2015.

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La OEA podría quedar bajo control de un secretario general que cuenta con el apoyo de China (país no miembro de la organización) y de todos los gobiernos de izquierda del continente, el canciller de Surinam Albert Ramdin. El candidato aparentemente favorecido por Washington, el canciller paraguayo Rubén Ramírez, parece dirigirse a una derrota en la elección del nuevo secretario de la OEA que tendrá lugar el 10MAR25.

Inicialmente la candidatura paraguaya creía contar con el respaldo de sus socios del Mercosur. Pero tres de los miembros de Mercosur, Brasil, Uruguay y Bolivia, optaron por no apoyar a Ramírez. El 04MAR25, la cancillería de Brasil emitió un comunicado anunciando que, junto a Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia, habían optado por apoyar a Ramdin. El acuerdo fue cocinado en Montevideo, donde Lula da Silva, Gustavo Petro, Luis Arce y Gabriel Boric coincidieron el 01MAR25 para la toma de posesión presidencial del izquierdista Yamandú Orsi.

Sin usar la palabra “traición” pero con un lenguaje claramente acusador, el presidente paraguayo, Santiago Peña”, emitió el 05MAR25 un mensaje anunciando su decisión de retirar la candidatura de Ramírez. "en los últimos días y en forma abrupta e inexplicable el Paraguay fue informado por países amigos de la región, con quienes compartimos un espacio e historia común, que modificaron su compromiso inicial con nuestro país y decidieron no acompañar finalmente la propuesta del Paraguay". El mensaje tenía destinatario: Lula da Silva.

El candidato de Surinam contaría así con el voto de su gobierno y de los trece restantes países del Caricom presentes en la OEA. Con los cinco votos suramericanos de izquierda, a los cuales seguramente se sumarán los de Perú, México y Honduras, harían una mayoría necesaria para convertir a Ramdin en Secretario General de la organización a partir del 26MAY25. De concretarse este escenario, sería la primera derrota continental que enfrentaría el secretario de Estado Marco Rubio quien habló telefónicamente con el presidente paraguayo el 05MAR25 poco antes del retiro de la candidatura de Ramírez.

En medios diplomáticos continentales se baraja la opción de que la subsecretaría de la OEA, tradicionalmente controlada por países del Caricom, esta vez recaerá en manos de un gobierno suramericano.

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La “dictadura judicial” brasileña, sin ser mencionada expresamente, entró colateralmente en el temario de la explosiva rueda de prensa de Donald Trump y el ucraniano Volodymyr Zelenskyy del 28FEB25.

Tras más de treinta minutos de intervenciones de ambos enfocados en la guerra de Ucrania y una que otra pregunta sobre Trump , un periodista se refirió a las críticas que el vicepresidente Vance había hecho el día antes en el mismo escenario de la Oficina Oval al primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el tema de la libertad de expresión. Trump pidió al secretario de Estado Marco Rubio que se pronunciara al respecto: “Tenemos preocupaciones con las conductas particulares que impactan a los estadounidenses. Existe una preocupación real de que el discurso estadounidense, que está on line, podría caer en manos de la jurisdicción británica o de cualquier otro país”(…) “los estadounidenses se sienten amenazados por ello y vamos a tener que tomar medidas al respecto”.

Dos días antes, el 26FEB25, el Departamento de Estado había publicado en X un texto dirigido al estado brasileño: “El respeto a la soberanía es una vía de doble sentido con todos los socios de EEUU incluido Brasil. Bloquear el acceso a la información e imponer multas a empresas con sede en EEUU por negarse a censurar a personas que viven en EEUU es incompatible con los valores democráticos, incluida la libertad de expresión”. De esa manera el gobierno de EEUU reaccionaba a la orden del magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal, cerrando las operaciones de la plataforma de videos y servicios de internet Rumble asociada con Trump Media.

La medida contra Rumble, red poco conocida en Brasil pero de amplio uso en el mundo del trumpismo, fue ordenada por Moraes ya que la empresa se negó a cerra cuentas de opositores brasileños seguidores de Jair Bolsonaro actualmente refugiados en EEUU. El bolsonerismo, por medio del senador Eduardo Bolsonaro hijo de Jair, mantiene un activo contacto con el trumpismo y más recientemente, con parlamentarios latinos de la Florida en procura de apoyo político internacional para el intento de su padre de postularse a la Presidencia de Brasil en las elecciones del 04OCT26.