lunes 10  de  febrero 2025
Informe Otálvora

Informe Otálvora: Aún sin concretarse nueva política de EEUU hacia Venezuela

Rubio se mantiene partidario de la política de sanciones hacia el régimen chavista tal como lo confirmara en declaraciones a la periodista Alicia Ortega en Santo Domingo el 06FEB25

Diario las Américas | EDGAR C. OTÁLVORA
Por EDGAR C. OTÁLVORA

El gobierno de Lula da Silva otorgó carácter de “secretos” a los documentos de la cancillería brasileña referidos a los contactos entre el grupo empresarial J&F y la dictadura venezolana.

El grupo J&F, liderado por los hermanos Joesley y Wesley Batista, es un socio comercial del régimen chavista desde mediados de la década pasada cuando servía de proveedor cárnico bajo la marca JBS. Al inicio del actual gobierno de Lula, la empresa suscribió un extraño acuerdo con una no identificada empresa venezolana para la compra de electricidad para su distribución en el norte de Brasil. Esa gestión realizada bajo la marca de “Ambar Energía” fue reforzada por una autorización suscrita por Lula para la importación de electricidad desde Venezuela. La incapacidad del gobierno venezolano para suministrar electricidad a los venezolanos desató sospechas sobre el pretendido negocio de la empresa de los hermanos Batista quienes sostuvieron reuniones oficiales en Caracas con funcionarios del sector energético del régimen.

En diciembre pasado, un reportero de O Globo solicitó acceso al contenido de las comunicaciones entre la cancillería de Itamaraty y su embajada en Caracas en relación a las gestiones de los hermanos Batista en Venezuela. La información fue negada al periodista basado en la decisión de la embajadora brasileña en Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, quien fijó en cinco años el tiempo durante los cuales la documentación estará fuera del conocimiento público.

Según O Globo la cancillería brasileña igualmente habría impuesto cinco años de condición de “secreto” a una serie de comunicaciones entre diplomáticos brasileños y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a propósito de las votaciones del 28JUL24.

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Las relaciones entre la dictadura venezolana y el gobierno de Brasil se han reacomodado luego de algunas diferencias sobre el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro el 28JUL24. Los cancilleres de Brasil y de Maduro, Mauro Vieira e Yván Gil sostuvieron una “cordial reunión” en Paramaribo donde coincidieron el 03FEB25, con motivo de una reunión ministerial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Según Itamaraty, Vieira y Gil trataron “asuntos regionales y bilaterales” en su encuentro en la capital de Surinam.

Por cierto, el excanciller brasileño Celso Amorim, cofundador del izquierdista Grupo de Puebla y quien estaba ejerciendo una hiperactiva diplomacia paralela en su condición de asesor presidencial de Lula, pareciera haber reducido su gestión internacional. Durante ya varios meses ha permanecido en las sombras luego de los choques con la dictadura venezolana por el tema de la no presentación de las actas electorales del 28JUL24. Amorim solía asistir a todas las actividades internacionales de Lula y actuaba como un virtual jefe de la diplomacia brasileña opacando a Mauro Vieira titular de Itamaraty. En mentideros brasilienses se comenta que Amorim, de 82 años de edad, optó por disfrutar de cambios en su vida personal y limitar su participación a sólo asuntos de altísimo nivel de diplomacia presidencial.

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Las operaciones de USAID, el brazo financiero de la política exterior de EEUU, están congeladas por decisión de Donald Trump y ejecución por Elon Musk en su condición de “empleado gubernamental especial”, quien contaría con clasificación máxima de seguridad. Una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump el mismo día de su toma de posesión se denomina “Revaluación y realineamiento de la ayuda exterior de EEUU”. En su parte argumental, el texto asegura que “el esfuerzo y la burocracia de ayuda exterior de EEUU no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antitéticas a los valores estadounidenses”. Trump ordenó una “pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior de EEUU para evaluar la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior de EEUU”, y delegó en Marco Rubio la potestad de eximir la suspensión temporal de determinados programas específicos y de reestablecer el financiamiento de programas. Tras los 90 días los jefes de las agencias deberán decidir cuales programas continuarán con financiamiento. El texto firmado por Trump, elaborado con larga anticipación por sus equipos de asesores, estableció un control directo de la Casa Blanca sobre las decisiones sobre continuidad provisional de programas, la reapertura del financiamiento a programas o creación de nuevos programas. En todos los casos intervendrá la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) presidida por Russell Vought quien estuvo involucrado en la definición de la agenda conocida como Proyecto 2025, la cual entre centenas de asuntos a los que se refiere, propuso la reorganización de la ayuda exterior de EEUU.

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Pocas horas después de emitida la Orden Ejecutiva, organismos internacionales, gobiernos extranjeros, organizaciones privadas ONGs y proveedores de bienes y servicios a nivel global, recibían notificaciones sobre la suspensión del financiamiento de programas de la más diversa índole. Actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, operaciones antinarcóticos aéreas de la Policía Nacional de Colombia, apoyo a la recepción y relocalización de venezolanos que procuran refugio en Brasil, programas de cambio de cultivo en zonas cocaleras en diversos países suramericanos son sólo algunas de las actividades abiertas financiadas por EEUU que están paralizadas en la región. Otro tipo de actividades muchas de ellas de bajo perfil o secretas, especialmente de apoyo a organizaciones sobre DDHH en países bajo control dictatorial, igualmente quedaron sin recursos.

La filtración desde el gobierno Trump sobre gastos poco ortodoxos realizados por USAID dio fuerza a la consigna lanzada por Musk según la cual “es hora de que muera”. Marco Rubio, quien no es partidario de eliminar USAID y propone su traslado al Departamento de Estado con una reorientación de objetivos, logró que Trump lo designara el 03FEB25 como Administrador interino de USAID, aunque la parte operativa le fue asignada a Pete Marocco, partidario del desmembramiento de USAID.

El Departamento de Estado ya estaría enviando a diversas entidades a nivel global, solicitudes de declaraciones escritas en las cuales los representantes deberán asegurar que sus actividades no incluyen iniciativas de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI) en cumplimiento de la Orden Ejecutiva de Trump del 21ENE25 sobre “Poner fin a la discriminación ilegal y restablecer las oportunidades basadas en el mérito”.

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Una nueva política de EEUU hacia Venezuela pareciera no terminar de concretarse.

El 31ENE25 aterrizó en Caracas el enviado especial de Trump, Richard Grenell, quien sería recibido por Nicolás Maduro. Se trató de la primera ocasión en la cual un funcionario estadounidense apareció en fotografías junto a Maduro desde las visitas del entonces subsecretario de Estado Thomas Shannon en 2016. Si bien Grenell había hecho pública el 20ENE25 que ya había “hablado con varios funcionarios de Venezuela”, las imágenes del enviado de Trump en el Palacio de Miraflores obligaron a parlamentarios republicanos ligados a temas latinoamericanos, a una virtual operación de control de daños asegurando que EEUU no reconocería ni negociaría con Maduro. Grenell, tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 26ENE25, había entrado en contacto también con la lideresa opositora María Corina Machado quien lo confirmó posteriormente asegurando que el estadounidense le había informado antes y después de su viaje a Caracas. A los efectos de altos funcionarios y operadores de EEUU el liderazgo opositor se centra en Machado y en el presidente electo Edmundo González Urrutia con quienes mantienen comunicación.

Con una conversación a la distancia el 22ENE25, en medio de las carreras propias del segundo día en el cargo, Rubio quiso dejar patente el reconocimiento de EEUU a González Urrutia y a MCM. Rubio se mantiene partidario de la política de sanciones hacia el régimen chavista tal como lo confirmara en declaraciones a la periodista Alicia Ortega en Santo Domingo el 06FEB25. Ortega preguntó a Rubio en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela q “las sanciones han servido de poco en el pasado. ¿Se adoptarán medidas más agresivas contra esos países?”. El secretario de Estado respondió: “creo que están equivocados en eso. El propósito de las sanciones es impedirles que sigan haciendo lo que están haciendo o negarles fuentes de ingresos ilegítimos, ya sea de un individuo, de un régimen o de una organización terrorista. Ese es el propósito de las sanciones”.

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Aparte del impacto mediático de unas conversaciones entre EEUU y un gobierno al cual no reconoce, Grenell partió de Caracas con la promesa de Maduro para recibir vuelos e incluso aportar aviones para el traslado de venezolanos deportados desde EEUU. De esa manera, Maduro aceptaba retomar lo acordado con el gobierno Biden en 2023 y que fue paralizado por Caracas a principios del 2024.

Maduro entregó a Grenell seis estadounidenses que permanecía encarcelados en Venezuela, quedando algunos todavía cono rehenes de la dictadura. El anterior encargado para esas gestiones, Roger Carstens, cesó discretamente sus funciones el 20ENE25. Carstens, quien fue designado en 2020 por Trump como Enviado especial presidencial para asuntos de rehenes y quien fuera ratificado por Biden, gestionó varios procesos para la liberación de estadounidenses secuestrados en cárceles de la dictadura venezolana. Ahora, Grenell alegó que los resultados de su visita no habían sido producto de una negociación y que el tema petrolero no había formado parte de las conversaciones.

Por coincidencia o premeditadamente, al día siguiente del viaje de Grenell a Caracas, el 01FEB25 se produjo la renovación automática mensual de la licencia del Departamento del Tesoro de EEUU que permite que la petrolera estadounidense Chevron realice explotación y exportación de hidrocarburos desde Venezuela en sociedad con el régimen. Hasta le fecha el gobierno Trump ha mantenido las licencias públicas y privadas que permiten negocios energéticos con el régimen chavista.

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El 26MAY25 deberá estar tomando posesión un nuevo Secretario General de la OEA quien reemplazará al uruguayo Luis Almagro. Los cancilleres de los países miembros están convocados para una Asamblea General extraordinaria que deberá realizarse en Washington el 10MAR25 con el propósito de elegir al nuevo Secretario General.

Las candidaturas puedes ser presentadas hasta le fecha de la votación pero la OEA estableció el 03FEB25 como fecha para la postulación de candidaturas que participarían en eventos institucionales de presentación de los planes de trabajo de cada candidato. Al 03FEB25 se había presentados dos candidaturas ninguna de las cuales, según diversas fuentes, pareciera reunir un apoyo mayoritario.

El gobierno de Paraguay promueve al embajador Rubén Ramírez quien fue ministro de exteriores durante el mandato de Nicanor Duarte Frutos y actualmente nuevamente detenta ese cargo bajo el gobierno de Santiago Peña. Ramírez contaría aparentemente con los votos de Argentina, Brasil y Uruguay y, eventualmente, de EEUU. Peña, quien asistió a eventos por la toma de posesión de Trump en Washington, fue recibido por Marco Rubio el 21ENE25 como una de sus primeras actividades en el cargo que había jurado pocas horas antes.

Por su parte el gobierno de Surinam, presidido por Chandrikapersad Santokhi, presentó desde enero de 2024 la candidatura de su actual ministro de Exteriores Albert R. Ramdin. La candidatura de Surinam contaría con el voto de los catorce países miembros de Caricom, el grupo regional caribeño que está presentando la candidatura de Ramdin como suerte de reivindicación ya que el “Caricom representa el 44% de los miembros de la Organización [pero] hasta ahora ninguna persona del Caribe ha llegado a ocupar tan alto cargo”, según reza la comunicación firmada por el representante de Antigua y Barbuda ante la OEA anunciando el apoyo del grupo subregional. Surinam ha dejado correr la versión según la cual China, que no es miembro de la OEA pero si cuenta con un embajador con carácter de “observador permanente”.

En medios políticos de Costa Rica ha circulado la versión según la cual, ante la falta de una candidatura mayoritaria, se estaría asomando la opción de Arnoldo André, ministro de exteriores del gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Según confesara André, en rueda de prensa junto a Chaves el 29ENE25, algunos gobiernos le han ofrecido su apoyo sin que hasta la fecha se presentara esta opción. El tema probablemente fue tratado con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien visitó San José el 04FEB25.

Un candidato requiere 18 votos para convertirse en nuevo Secretario General y por ahora existe una suerte de limbo en espera de conocer cual dirección tomará el gobierno de EEUU.

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