El régimen de Nicolás Maduro secuestra, encarcela y desaparece a opositores y activistas de derechos humanos, no solo para mostrar lo cruel que pueden ser sino para luego canjearlos y obtener beneficios políticos que lo mantengan en el poder
Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba; Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela.
AFPMIAMI.- De acuerdo al último reporte emitido por el Foro Penal, organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos humanos en Venezuela, hasta el 17 de febrero de 2025, el régimen que lidera Nicolás Maduro Moros, mantiene a mil .1061 personas encarceladas por razones políticas.
Entre las víctimas del totalitarismo se cuentan 940 hombres y 121 mujeres, 896 son civiles y 165 militares, 1.057 son adultos y destacan 4 adolescentes entre 14 y 17 años.
El balance indica que “se desconoce el paradero de 58 personas”. La mencionada organización califica de “histórica” la cifra y no duda en precisar que todos han sido encarcelados y desaparecidos con “fines políticos”.
La política del miedo, la persecución, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas prolongadas y los juicios sumarios se institucionalizaron aún más después del 28 de julio de 2024, cuando se realizaron las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin prueba alguna ni experticia técnica, anunció que Maduro había resultado ganador con más de 5 millones de votos.
Desde entonces, hombres, mujeres y hasta niños con discapacidades mentales y físicas fueron encarcelados arbitrariamente y sometidos a juicios telemáticos violatorios al debido proceso y a las garantías contempladas en la Constitución Nacional.
En agosto de 2024, Maduro reconoció públicamente que 24 personas habían muerto al manifestar su descontento por los resultados electorales y se contentó al informar que al menos 2.200 personas habían sido detenidas por protestar en contra de su gobierno.
El dictador no dudó en anunciar que los detenidos, incluyendo niños, serían recluidos en las cárceles de alta peligrosidad denominadas Tocorón y Tocuyito, ubicadas en los estados Aragua y Carabobo (ambos en centro-norte de Venezuela) de Venezuela.
Progresivamente muchos de estos detenidos fueron excarcelados, pero sometidos a injustificados procesos judiciales que implican, entre otras cosas, prohibición de salida del país, presentación periódica en tribunales y prohibición de hablar de lo que vivieron.
Organizaciones no gubernamentales como Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguran que los familiares y amigos dan fe de que en su mayoría fueron torturados física y psicológicamente y actualmente no se atreven a relatar lo sucedido.
Hamás, una organización política y paramilitar palestina con sede en Gaza, considerada por las Naciones Unidas, Estados Unidos e Israel, entre otros, como una organización terrorista, ha secuestrado y convertido en rehenes o fichas de canje a decenas de israelíes civiles. Israel, por su parte, tiene en su poder a miles de prisioneros.
En diciembre 2024 se conoció que el ministerio de Salud de Israel, a cargo de Uriel Busso, entregó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe sobre las condiciones médicas de las personas que Hamás había convertido en rehenes, enterrados vivos en sótanos y túneles en Gaza.
Luego de recoger 105 testimonios dicho informe fue considerado “devastador” puesto que las víctimas afirmaron que fueron sometidos a violencia cruel, abuso sexual y psicológico, tormentos físicos y actos que desafían la comprensión humana.
“A los rehenes se les niega consumir agua, comida, no se les brinda anestesia ni atención médica adecuada”, indica el documento.
Cabe destacar que los rehenes israelíes que han sido liberados en enero 2025 por Hamás, gracias a un acuerdo de alto al fuego que está vigente desde entonces, muestran evidentes signos de desnutrición severa y afectación psicológica grave.
En Venezuela, familiares de presos políticos, organizaciones y activistas de derechos humanos, denuncian con frecuencia las arbitrariedades que el régimen comete contra sus seres queridos.
El domingo 23 de febrero, por ejemplo, Andreina Baduel, informó que su hermano Josnars Adolfo Baduel, presenta graves problemas de salud, derivados de las inhumanas condiciones de reclusión y ni siquiera le permiten visitas ni reciben los medicamentos que requiere para paliar su condición.
El joven, condenado a 30 años de prisión, se encuentra recluido en la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, a 58 kilómetros de la ciudad capital. Cabe destacar que ambos son hijos del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel quien falleció en extrañas circunstancias bajo custodia del Estado cuando se encontraba recluido en el Helicoide. A la fecha unas 23 personas, presos políticos, han muerto en prisión.
En junio de 2024 la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y diversas organizaciones internacionales emitieron una carta abierta, dirigida al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, en la cual alertaba “las condiciones de detención y posibles torturas en dicha presión”.
“Según la información que hemos recibido, las condiciones de reclusión en el Rodeo I son crueles, inhumanas y degradantes y en ciertos casos podrían llegar a constituir tortura”, indica la misiva.
No obstante, la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, designada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha evaluado las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde el año 2014.
A través de varios informes la mencionada instancia ha condenado las detenciones arbitrarias y ha informado sobre los abusos, incluso sexuales, y torturas físicas y psicológicas que sufren los detenidos que son recluidos en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
No en vano, desde el año 2018 la Corte Penal Internacional (CPI), investiga los delitos de lesa humanidad que al parecer se han cometido durante el régimen de Nicolás Maduro.
En este sentido, expertos de la ONU, entre otros, han consignado informes donde se denuncia que en Venezuela, al igual que en Cuba y Nicaragua, existe un “patrón sistemático” de persecución y torturas que implica, entre otros procedimientos: múltiples golpes y puntapié, asfixias y ahogamiento, descargas eléctricas, uso de psicotrópicos, colgamientos y disparos muy cerca de las orejas del detenido.
Casos públicos, notorios y comunicacionales como lo ocurrido el 15 de enero de 2018, en la parroquia El Junquito, a pocos kilómetros de Caracas, donde fue masacrado el rebelde Oscar Pérez y sus seis compañeros de lucha y la muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, quien fue vilmente torturado en la sede de la DGCIM son investigados actualmente por el fiscal Karim Khan. El cadáver de Acosta Arévalo presentó fracturas en piernas, brazos y costillas.
Luego del evidente fraude electoral del 28 de julio de 2024 el régimen de Nicolás Maduro, con premeditación y alevosía, se ha dedicado a detener a extranjeros de cualquier nacionalidad. El 6 de enero de 2025, el actual ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reconoció que al menos 125 ciudadanos extranjeros se encuentran detenidos en Venezuela.
Cabello calificó a todas estas personas como “mercenarios” y aseguró que todas han participado o pretendían participar en “acciones desestabilizadoras".
En este grupo de rehenes se encuentran personas de nacionalidad colombiana, estadounidenses, peruanas, españoles, italianos, uruguayos, ucranianos, suizos, checos, libaneses, de Albania, los Países Bajos, Israel y Alemania.
Especial atención generan los casos de los ciudadanos estadounidense que vienen en calidad de turistas a Venezuela. El régimen de Maduro no oculta su intención de utilizarlos en beneficio propio y constantemente se lo hace saber al gobierno de los Estados Unidos.
El 1 de febrero de 2025 un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, Richard Grenell, viajó hasta Caracas, se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores y logró, en medio de evidentes tensiones, que el régimen venezolano les entregara a seis rehenes que estaban encarcelados en suelo venezolano. A cambio Venezuela aceptó que enviaran, desde los Estados Unidos, un avión contentivo con más de 100 venezolanos que vivían ilegales en el país.
Con frecuencia expertos en salud mental, incluyendo el Informe denominado Psicodata, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), indican que la crisis social, política y económica de Venezuela ha afectado la salud mental de los venezolanos puesto que un porcentaje importante vive con miedo, incertidumbre y desconfianza.
A la luz de la fraudulenta juramentación que protagonizó Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, acto que se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con un despliegue policial sin precedentes, los caraqueños optaron por quedarse encerrados en sus casas, guardar silencio y hasta dejar de utilizar sus redes sociales como mecanismo de expresión pública puesto que todo ello puede generar graves consecuencias.
La ansiedad y la depresión, incluso las cifras de suicidios, han aumentado en Venezuela dada la evidente crisis política y social que atraviesan sus habitantes”, indican psicólogos que prefieren resguardar su identidad.
Agregan que en la actualidad la imagen de Venezuela en el exterior no es el petróleo o las misses sino los migrantes y las noticias sobre la crueldad que se les aplica, entre otros, a los presos políticos.
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