¿Hacia dónde apunta la reforma constitucional propuesta por Maduro?

En el acto de toma de posesión, considerado la consumación de “un golpe de Estado” porque no ganó la elección del 28 de julio de 2024, Maduro firmó el decreto que crea “la comisión amplia y nacional de elaboración del proyecto de reforma constitucional, e ir a un proceso de democratización y definición del perfil de la sociedad y la economía nueva de Venezuela”, según dijo.

“La reforma es para hacerla mejor, para hacerla más grande”, señaló el dictador, sin informar sobre los cambios que se propone, las vías para lograrlo, o quiénes son los “expertos” que, según dijo, trabajarán en el proyecto.

“¿Para qué una reforma si el problema de la Constitución en Venezuela es su incumplimiento por parte del régimen?”, se preguntan juristas y catedráticos expertos en el tema constitucional, basados en los actos legislativos y violaciones de derechos humanos ocurridos en los últimos años.

Hacia Cuba y Nicaragua

Lo que se impone saber es hacia dónde apunta la reforma que Maduro plantea, opinan los expertos. Advierten que, aunque no conocen proyecto alguno, basan sus “hipótesis” en una serie de hechos históricos que iniciaron en 2007 cuando el presidente Hugo Chávez perdió el referéndum para su primera reforma constitucional.

“No habría que ser muy experto para precisar, sobre la base de los hechos, que el objetivo de esa gran reforma no va a ser otro que establecer el Estado Comunal, que viene en la mente de los que han conducido el régimen desde aquellos tiempos” y adaptarla a sus intereses, afirma el jurista Allan Brewer Carías, corredactor del texto en la Constituyente en 1999 e investigador del desarrollo constitucional.

Advierte que de llevarse a cabo, la reforma que se propone Maduro “sacaría a Venezuela del ámbito de los países de régimen democrático y quedaría entre aquellos con regímenes autocráticos que, en el caso de América Latina, Cuba es el ejemplo”.

¿Para qué una reforma de la Constitución?

El abogado Nelson Chitty La Roche, catedrático de derecho constitucional, llama la atención sobre por qué Maduro propone una reforma de la Constitución, lo cual implica un trabajo más profundo que el de otra vía como la enmienda que se utiliza para hacer modificaciones sin alterar la estructura fundamental del texto.

“Una reforma constitucional, ya sea por la vía de una revisión para enmienda o para ir más lejos con lo que se conoce como reforma, supondría que el instrumento vigente contiene aspectos que pudieran ser revisados para mejorarlo o actualizarlo. Pero en este caso, hay que admitir que lamentablemente la Constitución está sistemáticamente desconocida, no se busca sino para las formas, y uno se pregunta cuál será la intención de promover una reforma”, dice.

Además, el Texto Fundamental vigente, aprobado en 1999 tras una consulta popular, es considerado en varios aspectos uno de los más avanzados en Latinoamérica y en principio no requeriría de alguna modificación. Se alcanzaron “grandes reformas” durante su elaboración, como el afianzamiento del Estado de Derecho y un sistema de justicia constitucional.

“Es difícil encontrar en cualquier país un sistema más completo de justicia constitucional que el que tenemos en la Constitución de Venezuela”, señala Brewer Carías. Aunque sostiene que hay “algunos problemas en su concepción” que cuestionó en su momento.

“Por ejemplo, el haber eliminado la bicameralidad en el poder Legislativo, como mecanismo de contrapeso y haber establecido una Asamblea unicameral; haber extendido el periodo presidencial de cinco a seis años; y el no haber consolidado la doble vuelta en la elección presidencial, son temas que se pueden discutir, pero básicamente en la concepción en los tres pilares esta es una Constitución que lo que requiere es hacerla cumplir y no necesita de grandes reformas”, explica el jurista.

¿Hacia dónde apunta Maduro?

Para los especialistas no es complicado colegir que el régimen de Maduro necesita una constitución que le permita funcionar sin atadura legal.

“Lo que se puede observar es que se busca terminar con los pilares fundamentales de la Constitución, estos son los principios de la separación de poderes, de la distribución territorial del poder y por tanto el estado federal y el de la dignidad humana y los derechos humanos, de manera que no sean obstáculo para las acciones de gobierno”, sostiene Brewer Carías, y menciona la pretensión de establecer el Estado Comunal, una aplazada aspiración de Chávez.

“El Estado del Poder Popular es un Estado donde se elimina el sufragio directo y secreto, la democracia representativa que se sustituye por una supuesta democracia participativa y se establece una elección en segundo, tercer y cuarto grado como ocurre en Nicaragua”.

El jurista dice que la búsqueda de ese Estado comunal estuvo presente en el proyecto de la Constituyente de 2017, pero no avanzó, y Maduro la ha mantenido en su discurso en los últimos años, al hablar “progresivamente de la democracia verdadera”. “Ese esquema de los soviets tiene historia en el mundo y es cubano y nicaragüense”.

Es lo que se imagina detrás de la reforma, según refiere. “El régimen ya no puede seguir con la camisa de fuerza de estar respetando los derechos humanos porque se los han cargado, según evidencia todo el mundo, y todo está controlado por el poder central”.

Algunas “fallas” de la Constitución vigente facilitarían a Maduro el cambio en la Ley fundamental. Entre ellas, el establecimiento del sistema militarista, como Brewer Carías llama a la prominencia de la Fuerza Armada sobre la autoridad civil que ha permanecido durante 25 años de chavismo. Un defecto que no se pudo evitar, asegura el jurista. “De los 131 miembros de la Asamblea Constituyente de 1999 había solo cuatro que no eran del régimen y lo que se pudo hacer fue argumentar, debatir, y dejar por escrito los criterios”.

Violación a la Constitución

Por su parte, para Chitty La Roche lo que Maduro pretendería es tratar de recubrir de constitucionalidad y legalidad las leyes, como la amenazante Simón Bolívar o la de la fiscalización de las ONG, “que violentan principios constitucionales”, pero “el esfuerzo desde el punto de vista de legitimidad será en vano”, dice.

Reitera que no hay manera de darle cobertura constitucional a leyes que apuntan incluso contra la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, se viola la Convención Americana de los Derechos Humanos que tiene disposiciones muy claras.

“Mal puede hacerse una reforma constitucional para violar la Constitución y los acuerdos que constituyen obligaciones de la República. Aun en el caso, se ha venido quebrantando el principio de convencionalidad, desconociendo las obligaciones que en el orden del Derecho Internacional Público se convirtieron para el Estado venezolano en una debida gestión pendiente”, afirma el catedrático.

“Estamos en un plano de indefensión constitucional”, afirmó.

FUENTE: Entrevista al jurista Allan Brewer Carías y al catedrático Nelson Chitty La Roche