El Grupo IDEA considera grave la situación generada con los activistas asilados en la embajada de Argentina en Venezuela, la cual sufre del asedio del régimen
MIAMI.- Los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) manifestaron en una declaración conjunta su "preocupación y escándalo" ante el aumento del terrorismo del régimen de Nicolás Maduro.
En una declaración conjunta, emitida este sábado 21 de diciembre, denunciaron la muerte de presos políticos en las últimas semanas mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro: Oswuald Alexander González Pérez, Jesús Rafael Álvarez, y Jesús Martínez Medina.
Los miembros del Grupo IDEA también condenaron la suma de 51 presos políticos de la organización Vente Venezuela y "el avasallamiento armado – con abierta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas – de la sede de la embajada argentina en Caracas, a objeto de doblegar, por falta de insumos y aislamiento, a los asilados que allí se encuentran, inmediatos colaboradores de María Corina Machado".
"De mayor gravedad nos resulta que, antes que otorgárseles a estos los salvoconductos que les permitan salir hacia el extranjero, haya mediado la actuación diplomática de Suiza para extraer a uno de ellos – Fernando Martínez Mottola – y entregarlo a manos de sus represores al objeto de que inculpe a sus compañeros por actividades golpistas", enfatizaron los exjefes de Estado y de Gobierno de IDEA.
Desde el Grupo IDEA reclamaron con respeto "una acción decidida por parte de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, como el ejercicio por la Corte Penal Internacional (CPI) de su deber de prevención" ante la situación en la embajada de Argentina en Venezuela.
Puntualizaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fija doctrina de orden público, según la cual “el principio de no devolución o non-refoulement constituye la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y solicitantes de asilo”.
Señalaron en la declaración conjunta que esto fue "oblicuamente violentado" en el caso de Fernando Martínez Mottola: "Tanto como ha sido desconocida por la dictadura y como Estado territorial, su obligación imperativa, en beneficio de cada asilado y mientras se le expide el respectivo salvoconducto, de darle las garantías de que no peligra su vida, su libertad o su integridad personal”.
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