¿Golpe de Estado contra Gustavo Petro o el funcionamiento del Estado de Derecho?

El 8 de octubre, después de cinco horas de intenso debate, la sala plena del CNE tomó la decisión histórica, con siete votos a favor y dos en contra, de imputar cargos a Petro, en calidad de candidato presidencial, a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, como gerente de la campaña; a Lucy Aydee Mogollón Alfonso, como tesorera; a María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, como auditores, por la presunta violación de topes en 5,355 millones de pesos, equivalente a más de 1,2 millones de dólares, durante la campaña electoral 2022-2026.

La vulneración de los límites de gastos en campaña es un delito electoral, sancionado en el artículo 109 de la Constitución colombiana y en el artículo 369B, adicionado por el apartado 15 de la Ley 1864 de 2017, que acarrea la pérdida de la investidura o del cargo, una condena de cuatro a ocho años de prisión, una multa igual al valor excedido y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

¿Un golpe de Estado?

Apenas se hizo pública la decisión de la máxima autoridad electoral, el mandatario colombiano a través de su cuenta en la red social X, principal tribuna comunicacional, denunció que había “comenzado el golpe de Estado” en su contra, que “advirtió” con antelación, “pero no escucharon”.

“Para nada (hay un golpe de Estado). Todo lo contrario, es el funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho, que es un equilibrio de pesos y contrapesos, funciona, no se le estará dando golpe de Estado a nadie”, explica el abogado colombiano Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

El procedimiento que lleva a cabo el CNE, indica, se trata de una investigación para determinar si la campaña política del 2022, que catapultó a Petro a la Presidencia de Colombia, sobrepasó los límites financiación establecidos por la norma electoral. “Si no se los pasó, no pasa nada. Si se los pasó, la Constitución prevé una sanción, que es la pérdida del cargo, pero eso no lo aplica el CNE”, señala.

Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista colombiano, coincide con el exmagistrado, al resaltar que esta investigación es el “cumplimiento” de la función constitucional del CNE de “vigilar y auditar las cuentas de las campañas electorales”.

“Ni golpe ni inicio de un golpe. Un golpe de Estado es cuando se altera o se cierra un órgano constitucional. Aquí hay una investigación de la organización electoral dentro del Estado de Derecho, para que las elecciones se surtan en condiciones de igualdad entre los candidatos, con límites de financiación. Es un tema de pesos y contrapesos, y de controles del Estado de Derecho”, apunta Charry en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Investigación administrativa

Tanto Arrubla como Charry concuerdan que la investigación del tribunal electoral es de “carácter administrativo”, con la finalidad de resolver si en la pasada campaña Petro Presidente 2022, de la coalición Pacto Histórico, se vulneraron los límites de financiación. “La investigación que hace el CNE es de carácter administrativo, no puede terminar con una sanción al presidente, es para saber si se violaron o no los topes”, resalta el exmagistrado.

Menciona que este proceso requerirá de una prueba de carácter técnico, en la que se revisarán los límites de financiamiento, que eran de 27,453,094,557 pesos colombianos (alrededor de 6,8 millones de dólares) para la primera vuelta y de 12,840,703,931 pesos (aproximadamente 3,2 millones de dólares) para el balotaje; la información que reportó la campaña y las pruebas que posean. “Debe hacerlo antes de que prescriba el derecho a esa investigación. No olvidemos que ya han pasado más de dos años”, acota Arrubla.

En los dos primeros años de mandato de Petro, Charry explica que el órgano rector estuvo en la fase de “indagación preliminar”, a raíz de una denuncia anónima, en la que corroboró que había “elementos de juicio suficientes” para presentar cargos en contra de los involucrados.

Con el inicio formal de la pesquisa, el pasado 8 de octubre, se cuenta con un lapso de 15 días para que los implicados respondan y pidan pruebas del caso; un período de tres meses para “practicar pruebas prorrogables” y dos meses más para el alegato de conclusiones, para que la autoridad electoral tome una decisión sobre el caso.

Destitución en manos del Congreso

Aunque en agosto pasado el Consejo de Estado, máximo juez de la administración pública en Colombia, resolvió que el CNE es el órgano facultado para investigar administrativamente las transgresiones a las normas de financiamiento, en el caso de Petro recalcó que el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones, es al que le competerá adelantar eventuales sanciones en contra del mandatario.

“El CNE lo único que hace es investigar si se cumplió el régimen de financiación. En caso de que no se haya cumplido, hay una sanción que prevé el artículo 109 de nuestra Constitución, que es la pérdida del cargo, pero no lo aplica el CNE, porque el presidente tiene fuero”, señala Arrubla.

En consecuencia, le correspondería al Congreso iniciar un antejuicio mérito al mandatario para que se le pueda aplicar una sanción, en caso de que el órgano electoral determine que hubo una “violación sustancial y grave” al límite de financiación.

“Si encuentra debidamente probada la infracción, el CNE debe enviarla a la Comisión de Acusaciones para que inicie el juicio político (...) Se demora un año mientras se termina de tramitar la investigación y en el Congreso de la República otro año. Eso ocurriría para el final del período (presidencial)”, destaca Charry.

El apoyo del diablo

Arrubla tildó de “decepcionantes y preocupantes” las declaraciones de Petro, en las que afirmaba que iba a “tomar el poder” si “tumban” su Gobierno, aunque se las atribuye a una acción “desesperada, que deja mucho que pensar”.

“El poder en Colombia se articula por el derecho, como en todas las democracias. El presidente está sometido a controles (...) Pareciera que le teme a esa investigación y cuando uno le teme a las investigaciones es porque no tiene las cuentas claras, pero el presidente no puede tomar el poder a la brava. El poder lo tiene porque ganó las elecciones, pero lo pierde si sobrepasó los límites”, subraya.

En cuanto a los riesgos a la estabilidad en Colombia, Charry estima que el llamado a manifestaciones hechas por el jefe de Estado puede generar “crispación política” si se producen bloqueos de las arterias viales o actos de vandalismo, como ocurrió en 2021 durante las manifestaciones convocadas por el entonces senador Petro en contra de la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque (2018-2022).

“Podría haber alteraciones del orden público dependiendo de qué tanto se exalten los ánimos de unos y otros (...) En gran medida, está en el tono que el presidente utilice y en las convocatorias que hagan sus seguidores”, apunta.

En estas horas, Petro ha recibido el respaldo de los gobiernos de Brasil y México, que llaman a respetar los votos de los colombianos. A este grupo se sumó el régimen chavista, a través del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien expresó un apoyo al mandatario colombiano.

“¿Cómo pueden apoyar una democracia personas que no creen en ella, que se acaban de robar las elecciones en Venezuela? (...) Maduro se quedó en el poder a la brava. Ese sí sería el peor de los apoyos que le podían brindar a Petro. Si no sobrepasó los límites, no necesita apoyo porque se lo da el Estado de Derecho colombiano. Si lo sobrepasó, un apoyo de esos es absolutamente absurdo. Es el apoyo del diablo”, sentencia Arrubla.

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