Un nuevo reporte del BID evidencia cómo el crimen y la violencia consumen un importante monto del presupuesto global de la región, como porcentaje del PIB
Según el Banco Interamericano de Desarrollo el crimen y la violencia aumentan el costo de hacer negocios, debilitan el Estado de Derecho y frenan el crecimiento del PBI. Agosto 2024
Foto Ulises Ruiz. AFP
Foto Ulises Ruiz/ AFPWASHINGTON.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su último informe señaló que América Latina y el Caribe “siguen estando gravemente afectados por el crimen y la violencia”, lo que representa un alto costo para la sociedad que debe enfrentar las secuelas de estos males.
En 2022, los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, sin cambios significativos respecto a un estudio anterior del BID publicado en 2017.
Si se considera que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe para ese período fue seis billones de dólares, se estaría hablando de que esas dos categorías representaron aproximadamente 200,000 millones de dólares, un monto referencial global que se estaría dejando de invertir en áreas más productivas de la sociedad.
“Nuestro estudio muestra que el crimen es una carga significativa para nuestras sociedades y el desarrollo económico. Limita el crecimiento, genera desigualdad y desvía la inversión privada y pública. Debemos unirnos y redoblar esfuerzos para cambiar esa realidad”, dijo Ilan Goldfajn, presidente del BID.
En el reporte del ente multilateral se dice que “la evidencia muestra que la prevención focalizada y los sistemas efectivos de seguridad y justicia son clave para un cambio duradero”.
Por lo que la experiencia práctica del BID trabaja con los países para mitigar el impacto del crimen. “Estamos ampliando nuestra presencia en esta área mediante el establecimiento de una Alianza Regional para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo”, concluyó.
El estudio, “Los costos del crimen y la violencia: Ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe”, calcula el costo directo del crimen en tres áreas: pérdida de capital humano (costos del tiempo productivo perdido como resultado de crímenes no letales, homicidios y encarcelamientos), gastos en mitigación del crimen por parte de las empresas y gasto público en prevención del crimen y justicia penal.
En 2022, los gastos en seguridad por parte de las empresas privadas representaron el 47% del costo total del crimen, mientras que el gasto estatal en prevención del crimen representó el 31% y la pérdida de capital humano el 22%.
La investigación también compara el costo directo del crimen en América Latina y el Caribe con seis países europeos: Polonia, Irlanda, República Checa, Portugal, Holanda y Suecia, donde los costos promedian el 2% del PIB (42% menos que en América Latina y el Caribe). Reducir el costo del crimen a estos niveles liberaría el equivalente a casi el 1% del PIB de la región para invertir en programas de bienestar social.
El informe amplía, actualiza y refina las estimaciones presentadas en 2017. Utiliza una nueva metodología para estimar el costo en capital humano basada en información local sobre la demografía de las víctimas para calcular el valor presente de las pérdidas económicas por la muerte prematura de las víctimas de homicidio.
Además, presenta un análisis de los costos indirectos del crimen, como la reducción de la inversión, la menor productividad empresarial y el aumento de la emigración. Este análisis de los costos indirectos destaca por qué abordar el crimen requiere restaurar un sentido de seguridad y estabilidad, además de reducir el número de crímenes violentos.
El estudio ofrece recomendaciones clave de políticas públicas para la región. Estas incluyen el fortalecimiento de las instituciones públicas para mejorar la eficiencia del gasto, enfocarse en intervenciones basadas en evidencia y fortalecer los sistemas de justicia, al tiempo que se invierte en educación y servicios sociales para abordar las causas fundamentales del crimen, especialmente en áreas de alto riesgo. Y enfatiza la importancia de mejorar la recopilación de datos y la investigación para comprender mejor el crimen y la violencia.
Estas son, precisamente, algunas de las políticas que el BID busca promover a través de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una iniciativa que se presentará en Barbados en diciembre de 2024 durante la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, en donde se presentarán las cifras actualizadas de 2023.
La Alianza facilitará la coordinación regional para la implementación de políticas públicas y promoverá la movilización de recursos para abordar, con un nuevo enfoque, los desafíos al desarrollo económico y social que plantea el crimen organizado
El informe incluye tres estudios de caso que muestran el impacto del crimen en el turismo, la migración y la productividad empresarial en la región. También presenta los resultados del año 2020 para analizar la dinámica durante la pandemia de COVID-19, señalando un ligero aumento del 0,09% en comparación con 2019 y 2021. Esto indica que, pese al enfoque en la emergencia sanitaria, el crimen continuó demandando recursos económicos.
FUENTE: INFORME BID
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