El régimen cubano presenta la mendicidad no solo como un problema social, sino como una actividad delictiva que puede ser castigada con penas de prisión
Un cubano come en su habitación en La Habana el 27 de marzo de 2024.
AFPLA HABANA.- El régimen cubano, a través de su maquinaria mediática, vuelve a desviar la atención sobre un problema que desborda las calles del país: la creciente población de personas sin hogar y la creciente pobreza.
Un reportaje emitido por Canal Caribe, bajo el título “Acciones para prevenir conductas deambulantes en Cuba”, apunta como principal culpable a las adicciones, evitando mencionar las profundas raíces estructurales y el fracaso estatal para enfrentar la crisis, reseña el portal web CubaNet.
La vocera oficialista Talia González reconoce que las imágenes de mendigos en las calles cubanas son dolorosas y preocupantes. Pero, a medida que avanza el reportaje, la responsabilidad pasa de la crisis económica –que apenas se menciona de pasada– a supuestas malas decisiones individuales y problemas familiares.
La doctora Miriam Brito, directora del Hospital Psiquiátrico de La Habana, apunta a tres causas: ancianos abandonados por familiares que emigran, cubanos que pierden todo tras intentos fallidos de salir del país, y personas que terminan en la calle por adicciones. Una narrativa cómoda para el régimen, que elude su responsabilidad y sus políticas fallidas.
Belkis Delgado, directora de Prevención Social, admitió lo que todo cubano ya sabe: no existe un trabajo intersectorial eficaz. El régimen no ha logrado reinsertar a estas personas en la vida profesional, ni devolverlas a sus familias, ni proteger a los ancianos dependientes.
En un reciente artículo publicado por el diario Granma, el régimen cubano aborda el creciente fenómeno de la mendicidad en la isla, pero en lugar de analizar sus causas profundas, opta por una narrativa de criminalización y represión. En el texto, firmado por Isabel Acosta, magistrada del Tribunal Supremo Popular, se enfatiza la ilegalidad de la mendicidad y advierte sobre sanciones penales para quienes incurran en esta práctica, omitiendo el origen real del problema: la creciente pobreza y el deterioro de las condiciones de vida en el país.
El artículo de Granma, como es usual en la propaganda oficial, responsabiliza a factores externos como la crisis internacional y el embargo estadounidense por el aumento de la mendicidad, sin hacer autocrítica sobre la gestión gubernamental. La falta de oportunidades laborales, el desplome del poder adquisitivo y el desabastecimiento crónico de bienes básicos son factores que han empujado a muchos cubanos a la indigencia e incluso a comer de la basura. Sin embargo, el régimen prefiere aplicar medidas punitivas en lugar de diseñar estrategias efectivas para mitigar la pobreza.
En su enfoque, el régimen presenta la mendicidad no solo como un problema social, sino como una actividad delictiva que puede ser castigada con penas de prisión. Según el Código Penal cubano, quienes induzcan a menores a la mendicidad pueden enfrentar entre dos y cinco años de privación de libertad, y hasta ocho años si son sus responsables legales. Además, se establecen severas sanciones para quienes sean acusados de trata de personas en este contexto.
Si bien es cierto que la explotación infantil y la trata de personas son delitos graves que deben ser sancionados, el gobierno equipara la mendicidad con estas prácticas criminales en un intento de justificar su política represiva. No hay en el discurso oficial una mención clara a políticas de asistencia social efectivas, planes de reinserción laboral o estrategias de alivio a la pobreza. Hoy vemos en las calles cubanas a muchos niños vendiendo lo que pueden o pidiendo dinero directamente. ¿La respuesta de las autoridades será solo procesar a sus padres? ¿Cómo alivia eso la pobreza de esas familias?
El artículo también menciona que el Estado cubano, a través de la Asistencia Social, supuestamente garantiza la protección de los más vulnerables. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta afirmación. Los subsidios estatales son más que insuficientes, ridículos. Los hogares de acogida para ancianos, uno de los grupos más afectados, carecen de condiciones dignas, y la ayuda gubernamental es mínima en un contexto de escasez generalizada.
En lugar de abordar la mendicidad como un síntoma de una crisis económica estructural, el gobierno prefiere usar el Código Penal como herramienta para silenciar una realidad incómoda. Esta postura no solo criminaliza a los más desfavorecidos, sino que también oculta la responsabilidad estatal en la generación de pobreza. La solución de la dictadura no es ofrecer oportunidades ni mejorar la calidad de vida de la población, sino llenar aún más las cárceles del país con aquellos que sufren las consecuencias de su mala gestión.
FUENTE: CubaNet
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