Los opositores Freddy Superlano y Roland Carreño fueron acusados de terrorismo y otros graves delitos sin tener derecho a la defensa privada, informó abogado
Freddy Superlano, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática en Barinas, en 2021.
Leo Álvarez/Prensa PresidencialCARACAS.- En Venezuela, la mayoría de los presos políticos vinculados a las protestas contra el fraude electoral del pasado 28 de julio son imputados con cargos de terrorismo, entre otros graves delitos, sin que se les respete el derecho al debido proceso por parte de las autoridades penales, denuncian abogados y familiares.
Entre ellos se encuentran los casos de los dirigentes opositores Freddy Superlano, exdiputado, y Roland Carreño, periodista, ambos pertenecientes al partido político Voluntad Popular.
En fecha reciente, los dos presos políticos fueron acusados de los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación y conspiración, por parte del Ministerio Público, luego de que la Fiscalía afín al régimen los señaló de haber difundido las actas de votación en poder de la oposición que dio el triunfo al candidato opositor Edmundo González Urrutia.
La acusación fiscal a dos meses de permanecer recluidos en los calabozos del cuerpo de inteligencia SEBIN, en El Helicoide, significaría una violación a las normas procesales penales así como al derecho al debido proceso consagrado en la Constitución.
El debido proceso prevé que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso, debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas (art.49)
La cantidad de presos políticos por las protestas contra el fraude electoral en Venezuela supera los 1.723, entre estos destacados dirigentes políticos y 68 adolescentes de entre 14 años y 17 años de edad, según la data que lleva la ONG Foro Penal.
“Superlano y Carreño fueron acusados sin derecho a designar abogados de confianza y sin que sus familiares puedan tener acceso a ellos”, dijo el abogado y profesor Joel García, tras recibir información de parientes.
Los allegados llevan dos meses sin permitírseles constatar el estado de salud físico y psicológico de sus familiares presos.
En similar situación de violación del debido proceso se encuentran también los dirigentes opositores William Dávila, exgobernador del estado Mérida; y Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación de Súmate, agregó García.
Recientemente el hijo de Perkins Roche, abogado del partido Vente Venezuela de la líder María Corina Machado detenido desde hace casi dos meses, pidió su libertad.
“El problema es que, a casi dos meses del contexto poselectoral, muchos de ellos no han tenido contacto directo con familiares y menos con abogados de confianza”, señaló García en sus redes.
“Sesenta días después, la situación de ellos se desconoce, sabemos que a algunos les han permitido contacto con ellos vía telefónica, pero nadie ha podido corroborar su situación de integridad física y psíquica, si se alimentan o no, y eso es violatorio de los derechos de cualquier imputado en proceso”, añadió el abogado.
Destacó que en el caso de adolescentes “es peor porque su proceso tiene un carácter educativo restaurativo y no punitivo, en el cual los padres y representantes forman parte de ese proceso y eso no ha sido posible, el debido proceso se viola abiertamente en el contexto poselectoral”, afirmó
FUENTE: Entrevista a Joel García, abogado
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