Los abogados de Julio Herrera, acusado de soborno en un caso que involucra a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vásquez, cuestionan actuación de la Justicia
Julio Herrera Velutini, banquero venezolano.
LINKEDIN JHVMIAMI.- Los abogados de Julio Herrera Velutini, el banquero venezolano acusado de soborno en un caso que involucra a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vásquez, presentaron una moción en la que acusan al Gobierno de “enterrar” evidencia exculpatoria crucial en una “montaña de más de 60 millones de páginas”.
La acción legal, que conmina a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en el manejo de la evidencia, pone de relieve que ese “diluvio de páginas” dificultaría el acceso a información vital para el caso.
“Al producir más de 60 millones de páginas de material que, al parecer, ni siquiera fue revisado de conformidad con el artículo 9-5.002 del Manual de Justicia (federal), el Ministerio Público ha enterrado, en efecto, el material de Brady en la montaña del descubrimiento de prueba”, se lee en la moción de Herrera Velutini.
Además, argumentan que esta táctica no solo impide una defensa justa, sino que, desde su punto de vista, desvía la atención de comportamientos cuestionables de la Justicia en el proceso.
Asimismo, se acusa al Gobierno de aplicar erróneamente la jurisprudencia pertinente para justificar sus acciones.
Esta nueva moción se suma a una solicitud de desestimación de cargos contra Herrera Velutini presentada el 3 de octubre. La estrategia se basa en recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, según argumentan, redefinen los límites de lo que constituye corrupción oficial.
El núcleo de la argumentación de la defensa se centra en el fallo del caso Snyder v. U.S., que aparentemente establece nuevos parámetros para determinar qué acciones pueden considerarse "actos oficiales" en casos de soborno.
Los abogados de Herrera Velutini sostienen que las acusaciones contra su cliente no cumplen con estos criterios recién establecidos.
El caso, que involucra también a la exgobernadora Vázquez y al exagente federal Mark Rossini, gira en torno a un presunto esquema de corrupción relacionado con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
La defensa argumenta que la renuncia del entonces comisionado George Joyner fue voluntaria, cuestionando así la base de las acusaciones.
Además de invocar el caso Snyder, los abogados han citado el precedente de Percoco v. United States para reforzar su posición.
Los letrados también cuestionaron la credibilidad de Joseph Fuentes, testigo clave de la fiscalía, describiéndolo como un informante poco fiable que ha comprometido la integridad de la investigación.
De igual forma, la defensa puso en tela de juicio la constitucionalidad de las leyes aplicadas en este caso, bajo alegaciones de que son demasiado vagas y podrían criminalizar interacciones normales entre empresarios y funcionarios públicos.
Insisten en que las acciones de Herrera Velutini se limitaron a ejercer su derecho a denunciar la corrupción en las agencias financieras locales.
Esta estrategia legal multifacética busca no solo desestimar el caso contra Herrera Velutini, sino también refutar los fundamentos de la acusación federal en casos de corrupción política.
El juicio está programado para comenzar el 21 de enero de 2025 ante la jueza Silvia Carreño Coll en el Tribunal Federal en Hato Rey.
Mientras tanto, la defensa continúa argumentando que Herrera Velutini está siendo perseguido por ejercer su derecho constitucional a presentar peticiones al gobierno, quien previamente denunció corrupción en ciertas agencias gubernamentales.
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