Petro, exguerrillero del M-19, se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia en agosto de 2022 e impulsó reformas militares radicales
Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
EUROPA PRESS
Disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
AFPDesde que asumió el cargo en agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha reformulado las políticas de seguridad de Colombia. Priorizó la desmilitarización y las negociaciones de paz por encima de la disuasión militar. Esta estrategia destituyó a más de 50 oficiales militares de alto rango, incluyendo generales y almirantes. Fue una de las reformas de liderazgo más extensas en la historia de Colombia.
Posteriormente, en febrero, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, renunció. Había sido nombrado en 2022 y fue una figura clave en las reformas militares de Petro. Su renuncia puso de relieve problemas más profundos en la estrategia de defensa y las relaciones con Estados Unidos, incluyendo las operaciones antinarcóticos, el intercambio de inteligencia y la ayuda militar. En lugar de nombrar a un civil como ministro de Defensa, Petro eligió al general Pedro Sánchez, oficial en activo de la Fuerza Aérea. Sánchez es ampliamente respetado por liderar el rescate de cuatro niños indígenas en la selva amazónica. Este nombramiento histórico marcó la primera vez en más de tres décadas que un oficial militar en activo se convertía en ministro de Defensa.
Esta medida buscaba restaurar la confianza con el ejército, que se había resistido a las reformas de Petro. Recientemente, la prensa colombiana afirmó que el general Sánchez planea retirarse para evitar el retiro de 35 generales en activo. Sin embargo, el éxito de este nombramiento depende de si Sánchez tiene la autonomía para equilibrar la seguridad con la reforma.
El presidente Petro, exguerrillero del M-19, se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia en agosto de 2022 e impulsó reformas militares radicales. La destitución de oficiales de alto rango fue más que un simple cambio de liderazgo. Su objetivo era alinear al ejército con la política de "Paz Total" de Petro, priorizando las negociaciones sobre el conflicto armado. Sin embargo, estos esfuerzos de paz han fracasado en gran medida. Los grupos insurgentes han expandido su control y sus actividades delictivas, como el reclutamiento de menores, la extorsión y el narcotráfico. Como resultado, muchos militares lo percibieron como una amenaza para la estabilidad. El enfoque de Petro ha debilitado la eficacia institucional de las fuerzas armadas, lo que ha generado tensiones en las relaciones entre civiles y militares.
En mi experiencia trabajando con el ejército colombiano, observé un patrón claro. Oficiales políticamente alineados con Petro reemplazaron a líderes experimentados. Esto dañó la confianza y debilitó la cohesión. Posteriormente, los oficiales militares se enfrentaron a la incertidumbre sobre sus carreras y el futuro de la institución. Además, tras años de perfeccionar el desarrollo e implementación de fuerzas de tarea de élite, Petro decidió que ya no eran necesarias y desactivó unidades militares como Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón. Esto creó vacíos de seguridad, lo que permitió la expansión de los grupos insurgentes. Mientras tanto, las políticas de Petro siguen reduciendo la autonomía militar, priorizando las conversaciones de paz, los derechos humanos y la rendición de cuentas institucional.
En Colombia, como en muchos otros países, el cargo de ministro de Defensa es crucial para la seguridad nacional y el marco de gobernanza en general. Si bien Petro aceptó la renuncia de Vázquez como parte de su reforma integral de gabinete, históricamente, desde la década de 1980, cada presidente ha tenido al menos tres ministros de Defensa por mandato. Petro declaró que su decisión de nombrar a un nuevo ministro se debió a que los titulares no cumplían con sus expectativas. Por lo tanto, el nombramiento de un general de la Fuerza Aérea podría indicar el deseo de Petro de una nueva perspectiva en defensa. Nombrar a un militar en servicio activo o recientemente retirado como ministro de Defensa tiene el potencial de fortalecer o debilitar las relaciones cívico-militares en Colombia. Por un lado, podría mejorar la cooperación entre los líderes civiles y militares, lo que resultaría en una política de seguridad nacional más eficaz. Por otro lado, podría profundizar las divisiones y alimentar sospechas sobre la autonomía militar. Si los militares ven el nombramiento como un refuerzo de su rol en materia de seguridad, podría fortalecer su influencia sobre las políticas en detrimento de la supervisión civil.
Si el General Sánchez tuviera la autoridad para fortalecer las operaciones de inteligencia y las fuerzas de élite, la preparación militar podría mejorar. Sin embargo, las restricciones presupuestarias representan un desafío. La financiación de defensa se ha reducido, lo que afecta el entrenamiento, la modernización de equipos y las operaciones. Revertir estos recortes es crucial para la eficacia y la moral. El gobierno debe equilibrar las conversaciones de paz con la disuasión militar. Los grupos insurgentes no pueden negociar de buena fe sin una fuerza de seguridad sólida. Esto podría desestabilizar el país y alterar las relaciones con Estados Unidos, un socio estratégico clave durante más de dos décadas.
El nombramiento del general Sánchez llega en un momento delicado para las relaciones militares entre Estados Unidos y Colombia. El cambio de la administración Petro hacia la desmilitarización representa una ruptura con las estrategias antisubversivas anteriores. Como resultado, han surgido preocupaciones sobre la capacidad de Colombia para mantener operaciones de seguridad conjuntas con EEUU. Durante décadas, EEUU ha considerado a Colombia un socio clave en materia de seguridad. Ha proporcionado miles de millones de dólares en ayuda militar a través del Plan Colombia y programas similares. Sin embargo, algunos legisladores estadounidenses ahora cuestionan el compromiso de Colombia con la contrainsurgencia. Washington ya ha congelado parte de la ayuda militar, considerando que las políticas de Petro han debilitado los esfuerzos antinarcóticos y antiterroristas. Si el nombramiento del general Sánchez restablece cierta cooperación, podría indicar que Colombia aún valora la capacidad militar.
Otra preocupación son los crecientes vínculos de Colombia con Venezuela. El gobierno de Petro ha incrementado la cooperación en materia de seguridad y el intercambio de inteligencia con el gobernante Nicolás Maduro. Diversos informes sugieren que Colombia ha compartido inteligencia militar con Venezuela. La comunidad de inteligencia estadounidense teme que la inteligencia compartida con Colombia pueda verse comprometida en virtud de los acuerdos bilaterales de inteligencia y los grupos de trabajo de defensa. El intercambio de inteligencia ha sido fundamental en las operaciones conjuntas antinarcóticos. Por ejemplo, la Operación Orión, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, Colombia y otros socios internacionales, condujo a la incautación de cantidades significativas de narcóticos y a la interrupción de las rutas de tráfico. Estas operaciones subrayan la eficacia de la cooperación bilateral en materia de inteligencia con Colombia para abordar la delincuencia transnacional. Si Colombia fortalece sus lazos con Venezuela, es muy probable que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en materia de defensa y seguridad se deterioren.
Los próximos 12 a 18 meses serán cruciales. Si bien la decisión de Petro podría aliviar las tensiones con el ejército, el éxito a largo plazo depende de si el nuevo ministro tiene autoridad real. El gobierno debe elegir entre continuar la reestructuración, reconstruir la confianza con las fuerzas armadas o adoptar un enfoque híbrido.
El nombramiento del General Sánchez como Ministro de Defensa por parte del Presidente Petro marca un momento crítico en las relaciones cívico-militares. Esta decisión podría restaurar la confianza, pero su éxito depende de otorgarle al ejército autonomía absoluta bajo una estrecha supervisión civil. Además, la seguridad nacional y la cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Colombia siguen siendo inciertas. Mantener y adaptar los acuerdos de intercambio de inteligencia será crucial para que ambas naciones aborden eficazmente las crecientes amenazas a la seguridad. El gobierno de Petro debe equilibrar los esfuerzos de paz con el mantenimiento de una fuerza militar capaz. Si fracasa, Colombia corre el riesgo de una mayor actividad insurgente, una reducción del control territorial y una disminución del apoyo estadounidense.
Jaime (Jimmy) González es un Jefe retirado de Análisis de Fuerzas Militares de la DIA.
Artículo publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
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