El conflicto de Colombia ha cobrado 52 vidas y ha obligado a huir a 52.000 personas por enfrentamientos entre el ELN y disidencias FARC desde hace unas semanas
Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.
DANIEL MUNOZ AFPBOGOTÀ.- La Agencia Nacional de Tierras de Colombia (ANT) presentó un plan de intervención para facilitar el regreso de la población a la región de Catatumbo, en el noreste del país, esto tras la ola de violencia protagonizada por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hasta ahora, el conflicto ha cobrado 52 vidas y ha obligado a huir a unas 52.000 personas desde el pasado 15 de enero.
El Plan Catatumbo tiene cinco componentes estratégicos que buscan proteger las tierras de las comunidades que han sido desplazadas, entre ellas víctimas y firmantes de paz, con la entrega de 30.000 hectáreas en el territorio en los municipios de Ábrego, Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Tibú y Sardinata.
El director de la ANT, Felipe Harman, indicó que la región del Caratumbo, en la frontera con Venezuela, tiene un alto grado de informalidad, "Grantizar seguridad jurídica es mitigar los efectos de la violencia y transformar la vocación productiva del territorio. Queremos que se fortalezca la economía formal. Así se construye paz", señaló.
Con el Plan Catatumbo, Colombia también tiene como objetivo transformar las economías ilícitas de cultivo de coca en 1.500 hectáreas de terreno mediante la sustitución de cultivos. Además de reducirse la siembra, el campesino podrá acceder a créditos productivos y asistencia técnica.
De allí que el Gobierno de Gustavo Petro también anunció la constitución de la Zona de Reserva Campesina Paz y Unión del Catatumbo, así como reconocimiento y el adecuado aprovechamiento y conservación de áreas ecológicas.
Otro aspecto es el programa Fincas para la Paz para adquirir 3.500 hectáreas por medio de ofertas voluntarias para su entrega a las asociaciones campesinas y organizaciones sociales para que allí desarrollen sistemas productivos y funcionen como albergues humanitarios, siendo espacios territoriales en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
FUENTE: Con información de Europa Press
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