La relatora de la CIDH presentó el documento que evidencia las "estrategias represivas" implementadas por el régimen antes, durante y después del 28 de julio
En 2024, la represión no cesó en Venezuela tras las protestas poselectorales.
AFPCARACAS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este viernes, 24 de enero, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre las graves y sistemáticas violaciones de DDHH cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en el marco del contexto electoral y poselectoral.
El informe, presentado por Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, evidencia las "estrategias represivas" implementadas por la dictadura chavista antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que resultó electo presidente el opositor Edmundo González Urrutia.
De acuerdo con De Mees, estas tácticas represivas habrían sido coordinadas en tres etapas, en la que "floreció el terrorismo de Estado" y "no hubo o supervisión" que evitara que, "de manera ilegitima", el régimen "siguiera en el poder".
"En Venezuela hace falta decir, claramente, que los DDHH, la democracia y la ley se han desechado", aseveró la relatora de la CIDH.
El informe señala que en una primera etapa, puesta en marcha de 1 de enero al 27 de julio de 2024, el régimen intentó obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre.
Entre las maniobras que aplicó el chavismo, se encuentran la prohibición de inscripción de las candidaturas opositoras mediante las inhabilitaciones políticas, lo que impidió que la líder opositora María Corina Machado participara en el proceso a pesar de haber sido electa en las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023 por más del 90% de los votos.
El régimen, además, puso "obstáculos discriminatorios" que dificultaron el ejercicio del voto de los venezolanos en el exterior, dejando por fuera del padrón electoral a aproximadamente cinco millones de ciudadanos.
Igualmente, retiró la invitación a las misiones internacionales de observación electoral, incluida la Unión Europea (UE); implementó "severas restricciones" a la libertad de prensa; y arrancó una ola de detenciones arbitrarias, hostigamiento y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales antes de la elección, "evidenciando un patrón de persecución contra Vente Venezuela y el comando de campaña de María Corina Machado, quien apoyó al candidato" a González Urrutia.
En una segunda fase, indicó De Mees, la cúpula chavista activó una "estrategia para manipular los resultados", proclamando como ganador a Maduro, "sin ningun tipo de transparencia electoral".
En este sentido, suspendió el 28 de julio y los días posteriores, la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados por el CNE, ente controlado por el chavismo, cuya página web sigue fuera de servicio hasta la fecha.
En medio de este escenario, el Panel Expertos Electorales de la ONU concluyó que "el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles", tampoco "siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales" y no cumplió con "todos los plazos estipulados".
En paralelo, la oposición democrática logró recolectar el 83,5% de las actas a nivel nacional, que cuentan con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad que sustentan sus autenticidad y demuestran el triunfo de González Urrutia con más de siete millones de votos.
Por último, el régimen desató una brutal represión poselectoral, después del 28 de julio, ante las cerca de 300 manifestaciones espontáneas que se registraron tras el fraude electoral.
"El régimen implementó patrones de terrorismo de estado mediante represión, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y asesinatos con la llamada 'Operación Tun- Tun'", destaca el informe de la CIDH.
En este contexto, se documentaron 25 manifestantes muertos, más de 2,000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas y tratos crueles e inhumanos, incluidos más de 150 menores de edad; además de graves violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión.
"Emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes", agrega el documento.
Igualmente, el informe identifica "obstáculos significativos" al ejercicio periodístico por "el temor a la violencia, el hostigamiento y la posible criminalización de la labor informativa".
Entre las violaciones de DDHH al gremio periodístico, la CIDH documentó la activación de procesos judiciales y sanciones penales contra periodistas, especialmente en el contexto electoral; hostigamiento y agresiones contra la prensa e impedimentos a la cobertura periodística; ataques, allanamientos y cierre de medios de comunicación; y discriminación y persecución de voces críticas y disidentes. "No hay garantía de los derechos humanos en Venezuela", concluye el texto.
FUENTE: Con información de CIDH / Vente Venezuela / Redacción DLA
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