Aprueban leyes para sustentar la permanencia de Maduro en el poder

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) advierte que con la “aprobación de diferentes normativas de manera acelerada en las últimas semanas, abiertamente inconstitucionales, el gobierno venezolano intenta crear un sistema de administración de justicia que sustente al gobierno sin legitimidad de origen, que pretende juramentarse el próximo 10 de enero de 2025 en Venezuela”.

Según Cadal la más grave de las ordenanzas aprobadas es la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”. Aunque es una ley anunciada para castigar a quienes “promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales”, tanto financieras como individuales, su ámbito de aplicación es mucho más amplio.

Con esta ley también se penalizará a quienes desconozcan a las autoridades y actos del poder público, quienes colaboren con organismos extranjeros y quienes promuevan, soliciten o respalden ataques cibernéticos o acciones insurreccionales. Advierte Cadal que la ambigüedad de los supuestos delitos dará paso, de manera similar a como ha sido aplicada la llamada “Ley contra el odio”, a la interpretación discrecional de las autoridades para criminalizar cualquier acto de disidencia en el marco del ejercicio de los derechos inherentes al espacio cívico.

Silenciar a las ONG

A la Ley Simón Bolívar se le une la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, mejor conocida como LeyAntiONG.

El carácter punitivo de esta ley queda demostrado por la variada gama de sanciones que establece para cualquier organización de ámbito civil: multas, anulación de registro, medida preventiva de suspensión, disolución, prohibición de registro, anulación del registro de las organizaciones no domiciliadas y expulsión del país de personas extranjeras miembros de una organización no domiciliada.

Según el análisis de la organización Acceso a la Justicia esta ley “tiene un objetivo formal y otro inconfesable. Formalmente tiene por objeto establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro (…) Sin embargo, el objetivo inconfesable es revestir de legalidad el progresivo e indetenible cercenamiento del espacio cívico en Venezuela”.

Los integrantes de la organización recuerdan que el instrumento “fue aprobado en el contexto del recrudecimiento de la represión contra cualquier expresión de disidencia frente al Gobierno luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, justo cuando la ciudadanía venezolana ejerció su derecho a la participación por excelencia: el sufragio”.

Acceso a la Justicia alerta que con esta ley la coalición gobernante en Venezuela le “impone nuevas obligaciones a las organizaciones no gubernamentales que, en la práctica, amenazan su existencia por el riesgo de pérdida de su personalidad jurídica (…) Además la normativa establece un tipo específico de orden interno de las organizaciones, independientemente de la voluntad de sus asociados, lo que viola el libre ejercicio a la participación ciudadana en asuntos públicos”.

De hecho, el incumplimiento de los complejos requisitos establecidos en la ley provocará la ilegalización de la organización, lo que amenaza “la existencia de organizaciones con comprobada trayectoria al servicio de la ciudadanía, algunas de ellas durante décadas”.

Para silenciar a las ONG, la nueva ley “modifica el régimen jurídico de constitución de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro”, sometiéndolas incluso a la revisión anual de todos los requisitos que son necesarios para su formalización y operación. Se advierte en el análisis que a lo largo del articulado de la ley “se invocan reiteradamente los derechos humanos, pero sin indicar precisiones sobre las garantías para el ejercicio del derecho a la asociación, como tampoco para que la aplicación de la ley no degenere en abusos.

En términos prácticos, esta ley deja a las organizaciones en estado de indefensión”. Según el análisis de una coalición de organizaciones de sociedad civil en el país “la nueva ley supedita los principios que la fundamentan a un propósito principal: obstaculizar e incluso anular la creación y funcionamiento de las organizaciones”.

En la nueva legislación se imponen hasta 12 nuevos requisitos para que el Estado apruebe la continuidad o la legalización de una ONG. Entre los nuevos requisitos se incluye que el gobierno venezolano apruebe el alcance territorial de la organización, el régimen de extinción, disolución y liquidación o indicar taxativamente si el financiamiento es o será realizado total o parcialmente a través de personas naturales o jurídicas extranjeras.

Para la coalición de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela esta ley, así como la orden de inscribir a las ONG en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, viola el derecho a la asociación en Venezuela, acción que ha sido denunciada por organismos nacionales e internacionales.

Para Cadal “la complementariedad de la LeyAntiONG y la Ley Simón Bolívar, unidas a otras que han sido aprobadas en el pasado, generarán el cierre casi total del espacio cívico en el país, así como la prohibición del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población”. Por otra parte, advierten que “la discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de las sanciones establecidas, pretende inhibir y silenciar la disidencia y la crítica, en momentos en que pretende instaurarse un gobierno de facto, con la juramentación de una persona como presidente que no fue favorecida por el voto popular”