Aquellos con TPS podían optar al asilo o solicitar la residencia permanente, de no haberlo hecho, existe una “debilidad jurídica” que favorece la deportación
Abogado en inmigración Ángel Leal.
Cortesía : X : Ángel LealMIAMI.- Aquellos venezolanos con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que solicitaron asilo deben revisar sus casos, especialmente si la petición se hizo a tiempo y cumplieron con ese paso o si tienen una solicitud pendiente de residencia permanente, para evitar entrar en la lista expedita de deportación.
Cada caso es distinto y puede haber algunas excepciones, pero lo que sí debe haber ocurrido es que la persona haya pedido el asilo en la fecha estipulada o haya solicitado la "Green Card" (residencia permanente), con lo cual no quedaría expuesta cuando venza el 7 de abril la protección temporal que recibieron el 3 de octubre de 2023, dijo el abogado de inmigración, Ángel Leal, consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS.
Aquellos con TPS que solicitaron asilo tienen que evaluar las condiciones en que se encuentran sus trámites. Si no lo hicieron al año de estar en EEUU entran en una categoría de debilidad jurídica, aunque ciertas condiciones aplican para cada caso, explicó Leal.
Si la persona solo tenía los beneficios del TPS y no buscó otra opción, la “situación se complica, definitivamente”.
Los venezolanos que tienen “en pendiente” sus solicitudes de residencia o asilo, aunque venza su TPS, van a permanecer en EEUU y sus casos seguirán su curso. “Los que corren peligro son aquellos que no hicieron estas dos cosas o cualquier otra alternativa migratoria, porque pueden ser deportados” a partir de abril.
Los beneficiados obtuvieron su permiso de trabajo, sin tener una visa especial para ello, porque dentro del TPS se incluye el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por su sigla en inglés).
Los beneficiarios del TPS pueden solicitar la residencia permanente por dos vías:
1. Por familia, si tienen hijos mayores de 21 años que los puedan pedir o están casados con un ciudadano.
2. Por un patrocinador de empleo, si su empleador les ayuda a solicitar el cambio de estatus.
En algunos de estos casos se necesita un “perdón” si la persona estuvo ilegalmente seis meses o más antes de aplicar por TPS. Por eso, el jurista recomienda que cada uno revise su caso y busque asesoría legal.
Se revocó oficialmente la extensión del TPS para los venezolanos del segundo grupo, que entraron antes del 31 de julio del 2023, una medida que había sido favorable el 10 enero y publicada en Registro Federal el 17 de enero, que ahora, a partir del 5 de febrero, quedó sin efecto.
En opinión de Leal, hay argumentos jurídicos para una demanda, pero hasta que una Corte Federal no se pronuncie todo sigue su curso.
Un primer argumento para litigar es que no se cumplieron los tiempos. En su opinión, sí llegó a producirse un silencio administrativo cuando el sábado 1 de febrero el Departamento de Seguridad (DHS, por su sigla en inglés) antes de las 12 de la noche no dijo nada, lo que producía la extensión automática por seis meses, incluyendo al grupo de 2021, cuya licencia vence en septiembre.
No obstante, el DHS puso a la vista el borrador del documento de la revocatoria, el 3 de febrero, con fecha 5 de febrero, cuando efectivamente se publicó. Ahora, los venezolanos de 2023 en vez de tener hasta el 2 de abril, tienen hasta el 7 de abril con su TPS vigente.
El segundo razonamiento jurídico para litigar es que las condiciones políticas no han cambiado en Venezuela y eso no pudo haber ocurrido en un período tan corto desde que se hizo la extensión y se revocó. Es decir, se mantiene el criterio de inseguridad que tendrían los venezolanos si regresan a su país, refirió Ángel Leal.
El DHS argumenta que “hay mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia que permiten que estos ciudadanos regresen sanos y salvos a su país de origen”.
“Me llamó la atención porque el Código de Migración permite proteger con el TPS a personas de países que han sido afectados entre otras cosas por condiciones extraordinarias, por lo que el regreso de estas personas a su país no es seguro”, dijo el abogado.
El tercer argumento es que una decisión ejecutiva del gobierno saliente debió tener continuidad, cuando se aprobó la extensión por 18 meses del TPS de los de 2023 y 2021, lo que también se pudiera esgrimir en una Corte, según dijo el jurista.
“Pero la realidad es que el TPS quedó revocado para este grupo con el corte el 7 de abril, fecha en que, efectivamente, se pierde la protección”, agregó Leal.
Hasta que una corte no decida sobre ese punto la medida sigue vigente. Una Corte Federal puede ordenar restricciones, dijo el experto.
“Exactamente”, respondió Leal quien explicó que, para el primer grupo, cuyo TPS se vence en septiembre, el DHS debe notificar su decisión en julio cumpliendo así los 60 días antes del vencimiento de la protección temporal.
“Puede extender, cancelar o recurrir a un silencio administrativo que implica una extensión automática de seis meses. Pero hay que esperar el pronunciamiento de julio, siendo muy probable que tampoco le sea extendida la permanencia en EEUU”.
La secretaria de Seguridad argumentó que se estaría haciendo un mal uso de este beneficio porque algunos delincuentes fueron amparados bajo el TPS.
Ante este señalamiento, Leal explicó que con el TPS una persona queda descalificada por un delito mayor o dos delitos menores y automáticamente no aplica para este.
Y aparte de eso, se tiene que someter a los controles biométricos, huellas dactilares, es decir, una revisión por un tema de seguridad.
No todo el mundo califica para un TPS y las protecciones se conceden tras la revisión de los casos, insistió.
Leal recomienda a los venezolanos con TPS que se comuniquen al Tribunal de Inmigración (1-800-898-7180), un sistema automatizado de atención.
FUENTE: ENTREVISTA AL ABOGADO ANGEL LEAL
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