Este año el régimen superó los presos políticos que registró la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con una represión que dejó 24 manifestantes muertos y cinco detenidos fallecidos
En 2024, funcionarios de la Guardia Nacional reprimieron brutalmente las protestas poselectorales
AFPCARACAS.- El 2024 llega a su fin como el año “más sangriento” y el “más oscuro” para los derechos humanos en Venezuela, ante una represión desenfrenada iniciada por el régimen de Nicolás Maduro en enero, en el marco de la campaña electoral, y escalada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que ha sido calificada, por primera vez, como “terrorismo de Estado” por organismo internacionales.
La dictadura chavista, que acumulaba en su haber más de 10,000 ejecuciones extrajudiciales, 250 asesinatos en el marco de manifestaciones, 1,650 casos de tortura y 15,700 detenciones arbitrarias desde 2014, rompió este año con todos sus patrones de represión, al arremeter en contra de toda la ciudadanía en general, incluido menores de edad.
“Hoy la sociedad civil venezolana está prácticamente inmersa ante un régimen totalitario que encarcela y asesina a los disidentes”, explica Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido de la líder política María Corina Machado, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Sólo este año el régimen detuvo arbitrariamente a más de 2,500 personas por razones políticas, 2,400 en el contexto poselectoral reconocidas “orgullosamente” por el propio Maduro, superando así el número de presos políticos que registró la dictadura de Marco Pérez Jiménez (1952-1958) en seis años.
“El 2024 es el año más sangriento de todo el país y el año en que, obviamente, el régimen de Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los DDHH (...) El cierre que hemos tenido es una reducción del espacio cívico que quedó bastante claro”, señala Moreno.
En un hecho sin precedentes en la región, la dictadura chavista detuvo en medio de la represión poselectoral a más de 150 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, entre ellos deportistas, músicos y artistas de zonas humildes del país suramericano, según reportes del Foro Penal, a los que acusó de delitos graves, como terrorismo.
A juicio del coordinador de DDHH de Vente Venezuela, con estas detenciones el régimen de Maduro demostró que “no tiene límites cuando se trata de violar derechos humanos”, puesto que no sólo los detuvo, sino que los torturó para obligarlos a grabar una “confesión” en la que acusaban a líderes opositores, incluyendo a Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia, de presuntamente pagarles por hacer “protestas violentas”.
“Es criminal porque son niños, adolescentes que apenas están indagando qué es lo que van a hacer con su vida. Muchos eran deportistas, otros eran estudiantes y pintores, y el régimen prácticamente les dañó su vida por el simple hecho de que una población decidió decir ya basta a los abusos”, subraya.
Luego de algunas liberaciones a cuenta gota y tras denuncias de familiares, activistas y defensores de derechos humanos y la condena de organismos internacionales, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre el régimen encarceló, bajo medidas cautelares, a 86 adolescentes.
Sin embargo, dejó a alrededor de 70 menores detenidos hasta mediados de noviembre, cuando la Fiscalía chavista anunció la “revisión” de algunos casos por orden de Maduro, poco después de que se viralizara por la redes sociales las súplicas de madres, que rompieron el silencio autoimpuesto por dos meses para denunciar las torturas, tratos crueles e inhumanos de las que fueron víctimas sus hijos, quienes, incluso, llegaron a atentar contra sus vidas.
“Porque les conviene no seguir profundizando en la violación de derechos humanos, comienza a excarcelar a algunos niños, adultos mayores con alguna enfermedad y personas con algún problema de salud porque en manos de ellos se les han muerto varios”, precisa Moreno.
Para la noche del 24 de diciembre, el Foro Penal anunciaba la excarcelación de todos los menores de edad detenidos, como una buena noticia en vísperas de Navidad.
De enero a marzo, el régimen denunció cinco supuestas tramas de “conspiración continuadas”, denominadas “Alta Conspiración”, “Espionaje Guasdualito”, “La Viñeta”, “Espionaje Fortunato” y, por último, la supuesta operación “Brazalete Blanco”, con la que justificó la detención arbitraria de dirigentes opositores, principalmente del partido político de Machado, activistas de derechos humanos, como Rocío San Miguel, y de periodistas.
Aprovechando estas supuestas tramas, la cúpula chavista inició una arremetida en contra de los partidos políticos democráticos, llegando a detener arbitrariamente a 196 miembros del Comando con Venezuela, que participaban como activistas para las pasadas elecciones, en la que la oposición no sólo arrasó con cerca del 70% del sufragio sino que logró, por primera vez, recolectar más del 80% de las actas electorales como pruebas infalibles del fraude de Maduro.
Hasta la fecha, de ese grupo el régimen solo ha excarcelado a 26 dirigentes por condiciones de edad y graves problemas de salud, dejando en sus mazmorras a 170 detenidos, entre ellos, los líderes políticos Freddy Superlano, Américo de Grazia, Biagio Pilieri, Williams Dávila y Perkins Rocha, quienes se mantienen en situación de desaparición forzada.
Por partido, Vente Venezuela registra más 60 presos políticos, Primero Justicia (PJ) 34, Voluntad Popular (VP) 22, Encuentro Ciudadano (EC) 21, Acción Democrática (AD) 12, Un Nuevo Tiempo (UNT) cinco, Convergencia cuatro, COPEI cuatro. Además, de activistas no partidistas, que se unieron de manera “genuina” a la causa democrática.
“Prácticamente es una arremetida contra todos los partidos, pero en este caso, Vente Venezuela es el partido que ellos quieren desaparecer, pero no lo van a lograr porque somos miles y miles de personas regadas por todo el país y el mundo, trabajando continuamente para lograr la libertad”, expresa Moreno.
En medio de una serie de excarcelaciones, la dictadura mantiene el efecto "puerta giratoria", sumando nuevas detenciones en los últimos días 15 días, entre ellos, la del opositor Jesús Armas y los dirigentes regionales Luis Palocz, Edgar Sarabia, Ramón Bejarano, Víctor Manuel Sandoval, Yerwin Torrealba y Carlos Azuaje.
Los siete detenidos también han sido víctimas de desaparición forzada, una práctica que ha aplicado la dictadura en el último año. “El régimen ha usado la desaparición forzosa por corto, largo tiempo o muy largo tiempo. Seguramente es para hacerles daño, como un mecanismo para torturar a las víctimas y lograr que después de una tortura brutal pasen muchos días para que el día que lo presenten o que le permitan a los familiares verlo, no haya ninguna marca”, señala.
Esta es una preocupación que, menciona, ha sido transmitida la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A esto se suma la alerta que han emitido a las distintas cancillerías del mundo por los 15 extranjeros y 42 personas con doble nacionalidad detenidas en Venezuela por razones políticas, entre ellos, ciudadanos estadounidenses, argentinos, colombianos, ecuatorianos, españoles, guayaneses, peruanos, ucranianos y uruguayos.
Los organismos internacionales llevan cuenta de los 24 manifestantes asesinados este año en nueve estados del país, todos ellos con heridas de armas de fuego. El último en fallecer fue Walter Páez Lucena, de 29 años, el 4 de agosto en el estado Lara (oeste), cinco días después de recibir un impacto de bala en el abdomen durante una protesta poselectoral. Su esposa, María de los Ángeles Lameda, detenida el 3 de agosto por funcionarios de una división de la policía nacional, cuando se dirigía a comprar los insumos para la operación de Páez Lucena. Sus hijos, de 6 y 9 años, permanecen al cuidado de sus abuelas.
A ellos se suman los cincos fallecidos bajo custodia del Estado. El primero en perder la vida fue Edwin Santos, de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado el 25 de octubre en un matorral en plena vía pública entre los estados Apure y Táchira (suroeste), dos días después de que la oposición denunciara su desaparición tras ser detenido por presuntos funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, con evidentes signos de tortura.
Sin embargo, la autoridades del régimen han pretendido presentar el caso como un accidente, llegando a amenazar con investigar a quienes contradigan su versión. “Muchos testigos vieron los vehículos de color negro que secuestraron a Edwin cuando cuando lo interceptaron (...) Por el control que tiene el régimen en esta zona, por medio de sus grupos armados y guerrilleros, obviamente tiene las manos manchadas de sangre con la muerte de Edwin Santos”, apunta Moreno, quien pide una investigación independiente del caso.
El segundo fallecido fue Asdrúbal Santana, el 2 de noviembre también en Apure, a causa de un infarto tras ser trasladado a un centro médico por una presunta caída. Le siguió el testigo electoral Jesús Martínez Medina, de 36 años, el 14 de noviembre en el estado Anzoátegui (noreste), paciente diabético con una condición de salud a quien se le negó atención médica oportuna.
La muerte de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, el 12 de diciembre en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo (centro), a más de 1,000 kilómetros de su ciudad de origen, en el estado Bolívar (sureste) fue la tercera registrada. Aunque las causas se desconocen, ONG alegan que le negaron atención médica. Su esposa, Anny Suárez de Álvarez, detenida junto a él el 2 de agosto, permanece en prisión, pese a las súplicas de sus hijos de 20, 17 y 7 años.
El último en fallecer fue Osgual González Pérez, de 43 años de edad, recluido también en Tocuyito, cárcel de máxima seguridad habilitada por el régimen para presos políticos, el 16 de diciembre a causa de una hepatitis que no fue tratada adecuadamente. Su hijo, Oswual González Piero, de 19 años, fue excarcelado de la cárcel de Carabobo la misma noche en la que murió su padre.
“Estas son las muertes confirmadas sólo en el contexto poselectoral. El régimen tiene otras muertes encima de los años pasados, pero esto es solamente desde el 28 de julio hasta la fecha”, resalta Moreno.
Ante este sangriento saldo, la cuantiosa cifra de detenidos, que sigue en aumento, y el acoso sin precedentes que viven los opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, la reacción internacional no se hizo esperar. Al repudio se le sumó el reconocimiento de la instauración de un terrorismo de Estado por parte del régimen.
“Los países han descifrado y vereficado que en Venezuela lo que se vive es un terrorismo de Estado (...) Hay una férrea situación por parte del régimen que obviamente lo vislumbra de esa manera”, resalta el coordinador de DDHH.
Considera, además, que el mundo ha entendido las repercusiones geopolíticas que tiene Venezuela en la región, especialmente, por la migración masiva, que se espera incremente si Maduro insiste en aferrarse al poder.
“Va a ser catastrófico si Maduro asume el 10 de enero, por las malas, el poder. Entonces, esto es un mensaje muy poderoso (...) Hay un país que obviamente no se le arrodilla, por eso es que Maduro sigue deteniendo a muchos venezolanos”, apunta.
Tras la elección, en la que la oposición logró demostrar la victoria, estima que se requiere el apoyo de la comunidad internacional para que el régimen entienda que “por el bien de todos” debe haber una transición pacífica y ordenada. “El tiempo se les acabó y que sólo les queda hasta el 10 de enero para entregar el poder”, subraya.
María Cristina Hernández
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