Corte Suprema de Justicia de EE.UU., en Washington, D.C.
Publicado el 06-08-2012
Corte enfrenta
derecho a la defensa
La Corte Suprema de Justicia de la nación dijo que la Sexta Enmienda
garantiza la representación legal, tanto en los estados como en el nivel federal
TALLAHASSE (AP)
La Corte Suprema de Justicia debe decidir si los derechos de los pobres a la defensa han sido violados porque los defensores públicos, recargados de trabajo, no pueden contratar más abogados para confiarles algunos de sus casos.
Ese pedido, presentado en Tallahassee, puede ampliar una decisión transcendental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en otro caso de Florida, que dice que los estados deben proveer abogados a los acusados pobres.
Además, puede agravar la tensión creciente entre los miembros de la corte floridana y la mayoría republicana en la Legislatura, dedicada a recortar presupuestos.
En 1963 la Corte Suprema de la Nación ordenó un nuevo juicio para Clarence Earl Gideon, debido a que un juez rechazó su pedido de tener un abogado designado por el tribunal, antes de ser condenado por robar $65 en un salón de billares en Panama City.
En el nuevo juicio Gideon fue declarado inocente, con la ayuda de un abogado.
La opinión de la Corte Suprema de Justicia dijo que la Sexta Enmienda garantiza la representación legal, tanto en los estados como a nivel federal y eso llevó a la creación de las oficinas de defensores públicos.
Ahora los defensores públicos dicen que enfrentan cargas irrazonables que pueden hacer que esa garantía no pueda aplicarse.
Carlos Martinez, defensor púbico en el 11mo. Circuito, Miami, dijo que “según la decisión Gideon el derecho a la asistencia legal no tiene valor si los defensores públicos tienen que tomar todos los casos que les son confiados, sin ninguna limitación, sin una revisión de la corte que determine si esa representación es realmente efectiva y competente”.
La Corte floridana escuchó un par de casos vinculados a la oficina de Martinez, pero él dijo que la decisión del tribunal afectará a otros defensores públicos que han enfrentado recortes en sus presupuestos.
Los dos casos se refieren a decisiones de la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito en Miami, rechazando decisiones de jueces que buscaban aligerar la carga de los defensores públicos.
En el 2008 el juez de Circuito Stanford Blake aceptó que los defensores públicos rechazasen temporalmente casos de felonías menores como son robo de automóviles, falsificaciones y robos.
La Corte no indicó cuándo se pronunciará.
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