martes 26  de  marzo 2024
GENERAL EN RETIRO Y DIRIGENTE POLÍTICO

El paredón de la condena

La nación bajo un estado de indefensión avanza irremediablemente a la sumisión de la tiranía, con total imposibilidad de hacer valer los derechos humanos y por ende el quebrantamiento de la igualdad establecida en las leyes, privilegiando solo a aquellos que le sirven al régimen 

Por ANTONIO RIVERO

Este artículo fue escrito el día miércoles 9 de septiembre del 2015. Su publicación no pudo ser en la fecha prevista, jueves 10 de septiembre. Agradezco dispensen lo extemporáneo pero vigente.

El Poder Judicial de cualquier país del mundo representa el control y freno del resto de los poderes que conforman el Estado. Es en preponderancia y de acuerdo a lo establecido, como autonomía o independencia de los poderes, el poder que conlleva a garantizar la existencia del Estado de Derecho, con el cual, el goce de las libertades está presente en la ciudadanía de una nación.

Ha sido siempre el Poder Judicial el centro de atención con mayor recurrencia, fuera de lo político, para determinar y establecer con debido fundamento, la caracterización de un sistema como democrático o totalitario. De ello se deriva que existiendo un sistema democrático con pleno Estado de Derecho, no habría posibilidad de desobediencia contra un Poder Judicial totalmente independiente, ni sobre los dictámenes ajustados a la ley y su interpretación judicial. En tanto sabemos que en un sistema totalitario la obediencia no es del ejecutivo hacia lo judicial, sino todo lo contrario. Esta transgresión de lo judicial en lo totalitario, termina quebrantando el regulador de la vida social de un país y generando abiertamente un estado de indefensión dentro de la ciudadanía.

La nación bajo un estado de indefensión avanza irremediablemente a la sumisión de la tiranía, con total imposibilidad de hacer valer los derechos humanos y por ende el quebrantamiento de la igualdad establecida en las leyes, privilegiando solo a aquellos que le sirven al régimen gubernamental con la anuencia del dinero, o de cargos en los que se emplean sin ningún apego al servicio público que deben cumplir por la función propia del cargo. Hecho que se hace más notorio en predios del sistema judicial.

Venezuela es un vivo retrato de esta caracterización totalitaria por el poder judicial presente. Se define de esta manera lo que millones de voces nacionales señalan, como en innumerables voces internacionales ahora también se escucha. No es una democracia lo que rige en Venezuela. Es precisamente la Justicia la mayor expresión de esta caracterización, al no contar con la independencia o la autonomía suprema de su poder y así controlar o frenar las instancias fuera de ley de los demás poderes del Estado. Más aún y al propio estilo nazista, se reviste de la sumisión al poder ejecutivo y legislativo, mediante una acomodaticia legalidad propia a sus intereses y al proyecto ideológico, con lo cual han terminado de cercenar el Estado de Derecho y las Libertades de nuestra nación.

El poder ejecutivo de este régimen juega a cuatro brazos en un solo cuerpo, con cada uno de los poderes en ellos. Así maneja a su antojo las instancias del poder y determina de qué manera este poder judicial debe ejercer su carácter institucional. Procesos judiciales han venido marcando la historia totalitaria de este régimen. Procesos amañados por la persecución política tanto en el estamento civil como el militar, contra quienes de manera ciudadana han venido expresando a conciencia su talento democrático, demandando el ejercicio de un gobierno apegado al hilo constitucional.

Numerosos procesos abiertos por razones políticas se fraguaron y continúan haciéndose. El difunto Chávez logró ejercer el control del poder judicial que condenó al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana Iván Simonovis, así como a comisarios y policías metropolitanos a raíz de los sucesos del once de abril del dos mil dos. Otros procesos se abrieron de igual manera, pero en ningún caso hubo sentencia sobre los responsables de hechos delictivos del lado del régimen. Luego podemos citar el caso de los hermanos Guevara por la muerte del fiscal Danilo Anderson, la detención del empresario Nelson Mezerhane y la periodista Patricia Poleo entre otros que siguen con procesos abiertos en el mismo caso. Pero el testigo estrella y el fiscal general para ese entonces y más estrella aún, no recibieron el castigo de la justicia ante las aberraciones claramente descubiertas del sonado caso.

Siguieron los caso entre lo civil y militar; muchos procesos abiertos que aún continúan. De lo militar tenemos los casos de quienes se alzaron contra el régimen en Abril del 2002 y la plaza Altamira. El caso del General Ángel Vivas que terminó en condena por demandar la ilegalidad del lema partidista del PSUV, impuesto a la FAN. El caso del General Isaías Baduel, que al oponerse al régimen de manera abierta desde el mismo momento de su retiro, termina siendo condenado por señalamientos administrativos en su gestión como ministro, sin determinación de pruebas que lo inculparan.

Hoy, después de más de dos años del nefasto legado destructivo del difunto, en continuidad del régimen con el ilegitimo, usurpador y/o dictador Maduro-Cabello, la infame justicia sigue haciendo estragos en nuestra sociedad venezolana. A raíz de los sucesos ocurridos desde el dos mil trece y dos mil catorce principalmente, miles de procesados están comprometidos en su libertad por manifestar con legítimo derecho constitucional y mostrar su absoluta disidencia contra el régimen presente. La inmensa mayoría jóvenes estudiantes, que en sustento de luchar por su futuro y conquistar un estado de libertad para la nación, asumieron la valentía de esta lucha libertaria. Decenas de detenidos se mantienen aún de manera arbitraria, a pesar de ser reconocidas como tales en resolución de la Oficina para Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Líderes políticos, autoridades electas, estudiantes, ciudadanos comunes que se han empleado a expresarse en redes sociales, militares activos y retirados, entre otros tantos ciudadanos desafectos al régimen, están presos de conciencia.

Sentencias se han dado incluso en tribunales civiles y militares contra todo debido proceso. Hoy pesa el riesgo de una nueva sentencia infame sobre la humanidad de cinco procesados, todo por pensar diferentes a la ideología de este régimen nefasto. Entre ellos está a la cabeza Leopoldo López, líder político que asumió con gallarda valentía la expresión popular sobre la necesidad de un cambio político que no podía esperar más tiempo y que en manifestación legítima de una protesta de calle, alentó el despertar de la esperanza de un pueblo para conducir una salida no violenta, justificada y ajustada en la constitución. Hoy Leopoldo López junto Ángel González, Marcos Coello, Demián Martín y Cristhian Holdack, acuden nuevamente al paredón de condena judicial de este régimen.

Las manifestaciones nacionales e internacionales hacen luces por la libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos. Sin embargo, sabemos que la incoherente racionalidad de un poder judicial sumido a los designios del régimen totalitario, es cada vez más consecuente con una negativa estrategia represiva, que infunda el terror mediante condenas a inocentes, a presos de conciencia y busque imposibilitar el resurgir de manifestaciones legítimas, que solo buscan lograr la libertad y la democracia definitiva para la nación. Por lo tanto, esa anhelada libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos, llegará con la libertad de Venezuela. Libertad, de la mano justa de una población que termina diciendo ya basta a tales infamias, con un claro despertar y con la fuerza moral que rige la voluntad de un pueblo en la determinación de su destino. Fuerza y fe ante esta nueva ignominia. Valdrá la pena Leopoldo! 

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